Hace un par de meses el presidente de México hizo una cándida declaración, en la que no se sabe bien a bien si por torpeza o por cinismo, reveló el mecanismo mediante el cual intervenía ilegalmente en asuntos judiciales.
La declaración fue cándida porque pareciera no estar consiente de que confiesa un ilícito de proporciones mayores; es el propio presidente quien expresa que incidía en la manera en la que algunos jueces resolvían asuntos en los que el Ejecutivo tenía interés, y que ese mecanismo consistía en hablar con el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quien a su vez operaba la ejecución de esas instrucciones ante los jueces.
Ahora bien, la información no es del todo nueva, hace cosa de 10 meses, Hernán Gómez publicó un libro intitulado “Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T”, en la que revelaba que el entonces Consejero Jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, controlaba buena parte del sistema de justicia de México, y participaba de la fabricación de culpables y de la venta de impunidad, en connivencia con el entonces presidente de la Corte, el ahora ministro en “renuncia” Arturo Zaldívar. Sin embargo, el libro de Hernán Gómez, narra estos delicados asuntos bajo la hipótesis de que todo fue una traición de Scherer a la narrativa central del movimiento político que lo llevó a ese encargo que fue la de erradicar la corrupción y separar el poder económico del poder político. Téngase en cuenta que el autor ha sido un ferviente defensor del obradorismo.
Sin embargo, con la cándida declaración presidencial, ahora sabemos que en realidad no se trató de una traición, sino de una instrucción presidencial. Al menos no fue una traición a López Obrador, aunque sí para los muchos votantes que creyeron en aquella narrativa. Pero en este caso, la traición no solo provendría de Scherer, sino también del propio presidente.
Como fuere, el caso es que esta semana todo este asunto tomó mayor envergadura todavía, ya que el Consejo de la Judicatura Federal, presidido por la ministra Norma Piña, también presidenta de la Suprema Corte, recibió una denuncia anónima en la que se revelan con minuciosa precisión, casos concretos en los que el entonces ministro Zaldívar, a través de su brazo derecho el señor Carlos Alpizar, presionó a más de 70 jueces y magistrados para obtener sentencias favorables a sus intereses en no menos de 18 casos emblemáticos.
La denuncia aborda muchos otros aspectos, como el hostigamiento sexual y laboral en que incurría Alpizar, o el hecho de que otro de los varios operadores que ayudaban a ejercer estas presiones era Netzaí Sandoval, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública, y ahora secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la ministra Lenia Batres, quien obtuvo el favor de Zaldívar para escalar meteóricamente en el Poder Judicial por ser hermano de quien fuere secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y del diputado Pablo Amílcar Sandoval; pero ciertamente hace hincapié en el enriquecimiento ilícito, la corrupción y la extorsión del operador de Zaldívar, Carlos Alpizar, quien ahora es alto funcionario de Gobernación. Se acusa que este personaje se puso a las órdenes del ex consejero jurídico Julio Scherer, lo que le permitió hacerse de millonarias sumas de dinero, ranchos, terrenos, casas y autos, además de beneficios políticos.
De esta manera, la acusación viene a revelar el otro lado de la historia que ya el libro de Hernán Gómez y las cándidas declaraciones presidenciales nos permitieron conocer, es decir, mientras que Hernán Gómez y López Obrador desvelaron el modus operandi de Palacio Nacional para incidir en el Poder Judicial, la acusación contra Zaldívar nos deja ver cómo esa presión se llevaba a cabo dentro del Poder Judicial y cómo la vivían jueces y magistrados.
Zaldívar se defiende diciendo que la denuncia es anónima y que obedece a una intencionalidad político-electoral ahora que él es parte del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, sin embargo, olvida decir que las denuncias anónimas son válidas, de hecho, desde 2018, el Consejo de la Judicatura ha dado curso a 362 denuncias anónimas, y deja de lado también, el hecho sumamente notable de que la acusación esté construida con las experiencias personales de múltiples jueces y magistrados, es decir, si bien es anónima, queda claro que fue redactada por los juzgadores afectados, jueces que históricamente han estado al margen de lo electoral. Queda claro que en realidad, los jueces están muy preocupados por el deterioro del sistema de justicia, provocado por la 4T.
