El gobernador Alfonso Durazo atestiguó la firma de convenio para colaborar entre la Secretaría de la Consejería Jurídica del Estado con universidades y diversas instituciones estatales con el fin de que los sonorenses cuenten, en caso de necesitarlo, con una defensa legal que sea de calidad.
La prioridad de estos trabajos en conjunto serán las personas de escasos recursos, a quienes se les garantizaría el derecho constitucional de contar con una defensa óptima.
El mandatario estatal, ante rectoras y rectores de diversas universidades de la entidad, así como directivos de diferentes dependencias estatales, destacó que con la suma de esfuerzos podrán cumplir con la responsabilidad de apoyar a las personas que menos posibilidades tienen de conseguir una asesoría jurídica para transitar debidamente cualquier requerimiento de la justicia.
Foto: Gobierno del Estado
Durazo Montaño aseguró que esta firma de convenio de colaboración representa la suma de esfuerzos para apoyar jurídicamente a las y los sonorenses que menos tienen y que se acercan a la Dirección General de la Defensoría Pública para recibir atención y representación jurídica en diversos rubros.
Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, junto a Ana Luisa Chávez Haro, directora general de la Defensoría Pública, resaltó que la firma de este convenio con instituciones nacionales, internacionales y universidades de la entidad, permitirá elevar la capacidad de los defensores públicos, con apoyo técnico, asesorías, y más, para construir una defensa adecuada, profesional, y que todos tengan acceso a la justicia.
Mientras que, las instituciones que participan en este convenio son: Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora; Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); Instituto Tecnológico de Sonora; Universidad de Sonora; Universidad Tecnológica de Nogales; Universidad Estatal de Sonora; Centro de Estudios Sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho; Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente; Instituto Nacional de Estudios Superiores del Derecho Penal; Comisión Nacional de Justicia Penal; Instituto de Ciencia Aplicada; así como dependencias estatales.