El diputado Luis Armando Colosio Muñoz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Constitución Política del Estado de Sonora para establecer la figura de revocación de mandato.
Este sería, señaló, un mecanismo que abone a los servidores públicos que lleven su cargo de manera justa, digna y honesta, velando por los intereses de la sociedad no los propios.
En la última sesión del Pleno del mes de abril, el diputado propuso la herramienta que garantice la destitución de funcionarios que sean incompetentes y/o deshonestos.
Colosio dijo que la figura de revocación de mandato que existe da esta capacidad únicamente al Congreso de Estado, por eso su iniciativa pretende que sea un mecanismo ciudadano, donde ellos tengan el derecho de revocar el mandato cuando haya una mala actuación del servidor público.
“De lo contrario, la ciudadanía queda sujeta a los arbitrios y designios de un Diputado, un Senador, un Gobernador o un Presidente de la República desvinculado a los intereses y necesidades sociales.
“La revocación de mandato es, por tanto, un mecanismo de rendición de cuentas que evita la democracia delegativa y actúa en tiempos de neoliberalismo como un instrumento para que el gobernante se vea más comprometido con la sociedad y no entregue las políticas públicas a los intereses de unos pocos”, aseveró.
El legislador de Morena detalló que el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una forma de revocación de mandato, no ciudadana, como facultad de los congresos locales, al señalar en su base I, párrafo tercero, lo siguiente:
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
Consideró que este mecanismo generará un efecto disciplinario sobre funcionarios electos, en el que los representantes elegidos tomarán menos decisiones impopulares si esto puede provocar que sean más susceptibles de ser objeto de una campaña revocatoria, además de que el procedimiento es un derecho político reconocido a los ciudadanos, previsto constitucional y legalmente en algunos países.
La propuesta es que un servidor público pueda ser destituido antes de que termine su mandato; dependerá del porcentaje de cada constitución para iniciarlo.
Colosio Muñoz dijo que esta figura puede promoverse con expresión de causa o sin determinación de ella; con pruebas o sin ellas, ya que las causas y las pruebas no son importantes, pues se trata de una decisión ciudadana, además no debe confundirse con el proceso de destitución o juicio político ni con ningún otro procedimiento de responsabilidad de carácter jurídico.
