El pasado 13 de septiembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, sorprendió a propios y extraños al presentar una iniciativa de reforma a la Constitución estatal, para empatar la fecha de la elección del gobernador con la del presidente de la República.
La reforma implicaría elegir un gobernador para un periodo de tres años en 2027, y luego otro en 2030 para un periodo de seis años que ya coincidiría con el sexenio presidencial.
La propuesta sorprendió porque nadie la esperaba, y nadie la esperaba porque es absolutamente innecesaria; de hecho, podría ser contraproducente. Se esgrimen tres argumentos a su favor: primero, que conviene concordar los proyectos y programas del gobierno local con los del gobierno federal; segundo, que aumentaría la participación ciudadana en la elección, y tercero, que se ahorrarían recursos económicos. Ninguno de los tres parece tener mucho sentido. Veamos:
1.- En cuanto a la concordancia de proyectos y programas, conviene tener en cuenta que el Estado de Sonora no es una dependencia o entidad del gobierno federal, no tiene por qué hacer coincidir sus proyectos y programas con este. El Estado de Sonora es eso, un Estado, supuestamente libre y soberano, pero tal parece que el Gobernador sigue portando la cachucha de subalterno del Presidente. Pero no, el señor Gobernador no es empleado del Presidente ni este es su superior jerárquico, ni el estatal es un “nivel” de gobierno por debajo del federal, no; se trata en realidad de dos “órdenes” distintos de gobierno, con igual jerarquía y dignidad, porque ambos emanan de la voluntad popular consignada en las urnas, y por lo tanto, cada cual debe hacer sus proyectos y programas como mejor considere que logrará satisfacer las demandas democráticas de sus electores, y no en función de lo que decida otro orden del gobierno. Otra cosa es la coordinación; esa, bienvenida, pero coordinación no puede significar subordinación, y mucho menos sumisión. Históricamente la mayoría de los estados eligieron a sus gobernadores en fechas distintas a la de la elección del Ejecutivo federal, y ello nunca significó problema institucional alguno.
2.- El supuesto aumento en la participación ciudadana es también una falacia. Obviamente que si a la jornada electoral en la que Sonora vota por la Presidencia de la República, el Senado, las diputaciones federales y locales, y los ayuntamientos, ahora le sumamos la elección de la gubernatura, será una jornada más atractiva para el electorado y concitará mayor participación ciudadana; sin embargo, en contrapartida, le estaremos quitando el atractivo más importante que hoy tiene la otra jornada electoral que celebramos las y los sonorenses en la que elegimos diputaciones locales, ayuntamientos y gubernatura, es decir, con la propuesta que se pone sobre la mesa tendríamos cada seis años una jornada sumamente atractiva, y otra sumamente desangelada en la que solo votaríamos por diputaciones locales y ayuntamientos.
No dudo que pronto tengamos alcaldías electas por proporciones minúsculas del electorado como ocurrió en Tijuana donde Jorge Hank Rhon ganó con el respaldo de apenas 17% del padrón electoral.
3.- El argumento del ahorro económico tampoco se sostiene. En realidad, el costo de la elección de gobernador simplemente se recalendariza, pero no se reduce, y, de hecho, habrá un gasto adicional, ya que la propuesta implica organizar una elección de gobernador en 2030 que no habría sido necesaria sin la reforma.
En fin, tal parece que el Gobernador pretende corregir algo que en realidad funciona perfectamente; Sonora goza y ha gozado por décadas de un calendario electoral ideal en el que solo cada tres años tenemos jornada electoral, y en cada ocasión hay al menos una elección muy atractiva, a veces es la elección de la gubernatura, y a veces la presidencial. Los americanos tienen un dicho popular que viene muy a cuento con esto: Si no está descompuesto… ¡No lo arregles!
Como sea, todo parece indicar que Durazo Montaño cuenta con los votos para alcanzar la mayoría calificada que se requiere en el Congreso y hará avanzar su propuesta, pero entonces salta la pregunta: si el gobernador está convencido de que es bueno para Sonora empatar los periodos de gobierno del Estado y de la Federación, ¿por qué no simplemente renuncia a la mitad de su mandato para que elijamos a un nuevo gobernador en 2024 y así no tenemos que esperar hasta 2030 para gozar de ese beneficio? Insisto, si está tan convencido de las bondades que para Sonora representaría esa concurrencia… Pues que renuncie.