El fracaso de la operación de compra-venta de Banamex tiene un claro culpable: Andrés Manuel López Obrador.
Como sucede en las repúblicas bananeras, el Presidente de México quiso intervenir en un asunto que era eminentemente entre dos empresas privadas, y su indebida intromisión solo generó incertidumbre y preocupación entre las partes a grado tal que la oficina matriz de Citibanamex en Nueva York decidió postergar la operación hasta el año 2025, es decir, justamente para cuando Obrador deje la Presidencia.
El mensaje del banco es claro, no quieren quedar entrampados en una negociación en la que los caprichos presidenciales pueden incidir de manera importante.
Durante años, Citibanamex había estado en pláticas con distintos actores potencialmente compradores del banco como Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca, dueño de Banco Azteca; Carlos Slim, de Grupo Carso propietario de Inbursa, Carlos Hank, de Interacciones, y las instituciones de crédito Mifel y Banorte, pero poco a poco la mazorca se fue desgranando hasta quedar solo un interesado: Germán Larrea, de Grupo México.
Desde entonces llamó la atención que el principal oferente fuese un empresario que, siendo el segundo más rico de México, ninguna experiencia en el sector financiero tiene. Administrar el cuarto banco más grande de México no es cosa menor, y un grupo empresarial dedicado a la minería y los ferrocarriles no pareciera garantizar el mejor desempeño.
Como fuere, las negociaciones avanzaron prácticamente hasta alcanzar un acuerdo. Se habló de un precio de 7 mil millones de dólares, alrededor de 130 mil millones de pesos, pero justo en ese momento, cuando ya los analistas daban por cerrada la negociación, vino la intromisión presidencial; detuvo las pláticas interpares y los llamó a Palacio Nacional.
Hasta donde se sabe, impuso dos condiciones: que no se despidiera a ningún trabajador, y que se pagaran 2 mil millones de dólares de impuestos. Pero, además, contaminó el asunto con otro que nada tenía que ver, la exigencia a Germán Larrea de que entregara al gobierno 128 kilómetros de vías férreas en Veracruz para interconectar con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.
La petición de no despedir empleados pareciera obedecer a una auténtica preocupación social, pero no deja de ser una solicitud invasiva y extralegal que hace parar las antenas de alarma de cualquier empresario que, en principio, tiene todo el derecho de decidir tales cosas conforme a la ley.
La del pago de impuestos es una cuestión que también está en la ley, y la operación habría de implicar el pago que conforme a ella debiera realizarse; sin embargo, el Presidente calculó el monto sobre el precio de la venta, y no sobre la utilidad de la misma como corresponde a una empresa extranjera que vende acciones en México teniendo representación legal aquí.
Es decir, si bien la operación efectivamente habría de generar jugosas contribuciones, el monto de ellas dista mucho de alcanzar esos 2 mil millones de dólares de los que habló el presidente.
Y la negociación respecto de las vías férreas se rompió cuando intempestivamente el gobierno las declaró de utilidad pública, y efectivos de la Marina tomaron las instalaciones. Se trataba -dijeron- no de una expropiación sino de una ocupación temporal. Ciertamente la ocupación temporal es una figura contemplada en la Ley de Expropiaciones, pero al no decir por cuánto tiempo se ocupa, de facto se trata de una expropiación.
Más allá de que Larrea no sea monedita de oro, y de hecho se trate de uno de los empresarios más cuestionables desde el punto de vista ético y de responsabilidad social, lo cierto es que la medida gubernamental mandó un terrible mensaje a los mercados. Tanto así, que la negociación por Banamex primero se tambaleó, y cuando el presidente amagó con una “compra” por parte del propio gobierno, Citibanamex terminó cancelando la negociación y anunciando una oferta pública inicial a través de la Bolsa de Valores, pero en 2025.
Al comunicado de los banqueros solo les faltó agregar “cuando López Obrador ya no sea presidente”.
Con su intervencionismo, el Presidente no solo envió un pésimo mensaje a los mercados financieros, sino que echó a perder una operación en la que algún mexicano pudo haberse quedado con el jugoso negocio que significa Banamex. Eso pasa cuando el Presidente maneja al país como un gorilato.