De nueva cuenta, los abogados del exprocurador General de la República, PGR, Jesús Murillo Karam, reportan que su estado de salud es delicado y que corre el riesgo de presentar un evento cardiovascular.
Son al menos, tres veces las que han hecho esta advertencia al personal penitenciario de donde se encuentra de manera preventiva por varios delitos, entre ellos el de desaparición forzada, relacionada con los 43 normalistas de la universidad de Ayotzinapa, en Guerrero.
Al justificar el nuevo traslado del ex funcionario al Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez”, sus defensores afirmaron que los padecimientos, que incluyen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, no han podido controlarse.
Murillo Karam ha sido sacado de la cárcel en ocho ocasiones para ser atendido en diferentes hospitales públicos y privados.
Uno de sus abogados, José Javier López García, señaló que es necesario que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva que se le tiene al exprocurador desde agosto de 2022.
“El DETERIORO que ha sufrido la salud de MURILLO KARAM desde y con motivo de su internamiento es NOTORIO, por tal motivo hemos solicitado insistentemente que se le imponga una medida cautelar diversa o, en su caso, se le permita ejecutar la prisión preventiva en su domicilio particular; pues resulta evidente que la edad y los padecimientos que presenta lo hacen depender de atención médica especializada todo el tiempo; por tanto, no podría sustraerse de la acción de la justicia, ya que su vida depende de un seguimiento médico multidisciplinario permanente”, afirmó la defensa del exfuncionario.
La detención del exfuncionario federal fue cuando salía de su domicilio en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, horas después de que se presentaran en Palacio Nacional las conclusiones sobre la investigación hecha tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.
El exprocurador fue trasladado al Reclusorio Norte; él es uno de los 33 funcionarios implicados en la alteración de hechos y circunstancias para llegar a la “Verdad Histórica” que incluyó violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
Fuente jornada.com.mx
