El reparto de utilidades, un derecho laboral esencial en numerosos países, garantiza que los empleados reciban una porción de las ganancias anuales de las empresas donde trabajan, impactando positivamente sus finanzas personales.
Para 2025, este proceso seguirá siendo obligatorio para las compañías que cumplan con los criterios legales establecidos.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ha indicado que las empresas deben efectuar el pago a sus trabajadores entre el 1 de abril y el 30 de mayo, mientras que las personas físicas tienen del 1 de mayo al 29 de junio.
No obstante, el desembolso puede realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual.
Todos los empleados que trabajan bajo un patrón tienen derecho a este beneficio, salvo excepciones contempladas en la ley laboral.
Según la normativa, quedan excluidos del reparto: los trabajadores con menos de 60 días de servicio en el año fiscal correspondiente, empleados domésticos, directores, administradores y gerentes generales, socios o accionistas de la empresa, así como quienes prestan servicios por honorarios sin una relación laboral subordinada.
Este mecanismo no solo refuerza la justicia distributiva en el ámbito laboral, sino que también representa un apoyo económico significativo para los trabajadores que califican, consolidándose como un pilar de los derechos laborales en el país.