Con el objetivo de proteger a víctimas de delitos al eliminar los cargos económicos injustos relacionados con el almacenamiento de sus vehículos durante los procesos de investigación, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sonora, presentó una iniciativa que busca adicionar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
El proyecto de decreto presentado por el diputado priísta, adiciona un segundo y tercer párrafo a la Fracción VII del Artículo 6º de la ley señalada, para garantizar que los vehículos de las víctimas, cuando sean trasladados a centros de almacenaje, pernocta, corralones o resguardos operados por la fiscalía o empresas privadas, sean devueltos sin costo alguno una vez que concluyan los actos de investigación.
“La iniciativa responde a la preocupación de las familias o personas víctimas involucradas en algún delito, sobre el cargo económico que representa el almacenaje diario, mismo que varía entre los 150 y 300 pesos diarios; cargo que en la actualidad lo cubre tanto el responsable como la víctima por el resguardo y recuperación de sus vehículos, por lo que la víctima no debería cubrir ningún cargo, además del perjuicio que ya tuyo”, expuso.
Ochoa Bazúa subrayó que el actual sistema impone una carga económica desproporcionada a las víctimas, quienes, sin haber tenido responsabilidad en el delito, deben pagar costos que pueden superar el valor de sus vehículos, por lo que la modificación propuesta busca garantizar que estos costos no recaigan sobre los afectados, promoviendo una mayor justicia y alivio para las víctimas de delitos.
“La justicia no solo debe buscar la reparación del daño, sino también evitar que las víctimas enfrenten cargas adicionales injustas. Esta iniciativa busca precisamente eso: asegurar que aquellos que ya han sufrido una pérdida o un daño no tengan que enfrentar una carga económica adicional para recuperar lo que les pertenece”, subrayó el legislador.
La mesa directiva de la 64 Legislatura recibió esta iniciativa y la turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su discusión y dictaminación para, posteriormente, ser discutida en el pleno del Congreso del Estado de Sonora.