Guillermo Antonio Molina Paz, coordinador del Movimiento Pro Desarrollo del Río de Sonora (MPDRS), señala que las autoridades federales desdeñaron a los representantes de comunidades de los pueblos del Río Sonora, afectados por el derrame de lixiviados en este cuerpo hídrico.
Acusó que la Procuraduría Federal de Protección al ambiente excluyó a representantes de los sectores esenciales del Río de Sonora, como lo son la Ganadería, Agricultura y Turismo, entre otros, de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, de una reunión sostenida en Ures.
Con estas acciones, dijo, se arriesga la posibilidad de resarcir el daño a más de 50 comunidades damnificadas por el derrame tóxico que generó la minera Grupo México, en Buenavista del Cobre en agosto de 2014.
Durante el pasado fin de semana, la dependencia federal encabezada por Blanca Alicia Mendoza, celebró reuniones informativas que debieron ser públicas a partir de un ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Foto: Guillermo Antonio Molina
“No solamente no nos invitaron, nos impidieron la entrada al recinto, donde respetuosamente queríamos presentar nuestras propuestas, con miras a una remediación integral, transparente, de fondo y con perspectivas de futuro”, dijo Molina Paz.
La Corte determinó que el cierre del Fideicomiso en el 2017 fue inadecuado y unilateral, por lo que deben resarcirse de manera integral los daños a las comunidades por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en agosto del 2014.
Movimiento Pro Desarrollo del Río de Sonora reúne a ganaderos, productores agrícolas, ejidatarios, prestadores de servicios turísticos, comerciantes y otros productores de bienes y servicios cuyos planteamientos merecen ser escuchados para una remediación justa e integral, subrayó.
Entre los temas y proyectos que tiene este Movimiento, fundado el 8 de agosto de 2014, se hace especial énfasis a la Educación, Salud, Desarrollo Agropecuario, e Impulso al Turismo.
En total, la autoridad federal desdeñó a representantes de los sectores económicos, incluidos microempresarios, de 52 comunidades de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, comentó el también presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Río de Sonora.
Por último, señaló que la reunión convocada por la Profepa no incluyó a los presidentes de las nueve asociaciones ganaderas locales de la región, incluyendo a la del mismo Ures, que representa a 364 ganaderos de ese municipio.
