Dos tribunales arbitrales que operan bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés) determinaron que sí son procedentes dos casos contra el gobierno mexicano.
Uno de los casos es el de la minera Coeur que reclama 45 millones de dólares por devoluciones de IVA y, el otro arbitraje, de Terence Highlands, fundador de las empresas Shanara Maritime International y Marfield, quien asegura violaciones al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Reino Unido.
Por una parte, la minera Coeur alega que el gobierno mexicano violó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al negarse a pagar el IVA a su favor resultado de operaciones de extracción de oro y plata en las minas de Chihuahua y Durango. Ello también tuvo que ver con sentencias desfavorables de tribunales mexicanos contra la minera.
Por lo anterior pidió al gobierno mexicano transparentar los documentos de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobre arbitraje minero a fin de entender los alcances del capítulo de inversiones.
Tras la revisión de esta solicitud, dos de los tres árbitros que revisaron el tema coincidieron en que México debe de dar mayor información sobre cómo realizó la búsqueda, recolección y producción de documentos para evaluar si se cumplió con las obligaciones administrativas del gobierno mexicano en torno al capítulo de inversiones.
El otro caso tiene que ver con el fundador de las empresas Shanara y Marfiel, las cuales son propietarias de los barcos Caballo Marango y Caballo Maya, embarcaciones que fueron alquiladas a Oceanografía, el principal contratista de Pemex y contra la cual se iniciaron investigaciones judiciales.
El problema fue que esas dos embarcaciones fueron inmovilizadas por muchos años, a pesar de que no eran de Oceanografía sino de las empresas que pertenecen a Highland.
Los juristas que llevan el arbitraje determinaron que este caso sí procede y debe llevarse a un siguiente nivel y no debe desecharse ni mantenerse “en el limbo” como estuvo por varios años al no constituirse un panel arbitral.
