Más allá de la coyuntura electoral y la contienda entre las ‘corcholatas’ de Morena, quedan algunos temas pendientes en la agenda política sobre el desarrollo económico de México, relacionados con la industria, que bien valdría la pena retomar.
Hablemos específicamente de la toma de una vía concesionada de Ferrosur por parte del gobierno para retirar a Grupo México 127 kilómetros que serán integrados al Corredor Transístmico. A López Obrador no le tembló la mano para instruir una expropiación encubierta, primero, como ‘ocupación temporal’, y luego, como ‘negociación’, pero siempre con elementos de la Armada de México en control de la infraestructura ferroviaria a cambio, aparentemente, de una extensión de otras concesiones para la empresa.
El presidente usó sus mañaneras para asegurar que el acuerdo benefició a ambas partes, pero nada dijo del impacto negativo que tendrá su decisión en el desarrollo de la industria y la entrada de inversión extranjera.
La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) advirtieron los riesgos y exigieron al gobierno certidumbre jurídica tras la toma sorpresiva y arbitraria de una propiedad privada.
Entre otras cosas, se dijo que la ocupación inhibirá nuevas inversiones nacionales y extranjeras, además de generar incertidumbre y dañar la imagen del país, exponiendo nuestro vulnerable Estado de Derecho.
La medida del gobierno federal afecta la percepción internacional que se tiene del país, impactando de forma negativa a entidades como Sonora. ¿La razón? El gobierno estatal apuesta por la inversión extranjera y el nearshoring para impulsar su economía. Eso sin mencionar que los servicios de logística más utilizados en este modelo son el transporte carretero y ferroviario, por lo que este último debería ser uno de los sectores más respetados en sus derechos.
Según la Secretaría de Economía, en el primer trimestre de 2023, a nivel nacional, se registró una Inversión Extranjera Directa (IED) de 18 mil 636 mdd, un 48% más que en el mismo periodo de 2022, aumento que se debió principalmente al nearshoring. En dicho periodo, Sonora ocupó la décima posición de los estados con mayor IED, mientras que Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Estado de México, encabezaron la lista.
Gracias a su cercanía con los mercados de EUA y su capacidad manufacturera Sonora se ha consolidado como un importante polo de atracción para la inversión y tiene el potencial de formar parte del top 5 de estados con más IED, sin embargo, el que López Obrador haya ocupado las instalaciones de Ferrosur, ignorando la importancia del capital extranjero, podría frenar el impulso que ha tenido México y tener consecuencias adversas a mediano plazo para el crecimiento económico y la generación de empleo a nivel nacional y estatal, desincentivando el nearshoring.
En este contexto, Alfonso Durazo parece estar más concentrado con el Consejo Nacional de Morena y en la pugna de las corcholatas que en generar las condiciones para atraer inversión extranjera, impulsar el nearshoring, o en hacer notar el papel que tendrá el estado en cuanto a la generación de energías limpias gracias al Plan Sonora. Ojalá el gobernador se enfoque en garantizar seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.
Aunque a nivel nacional, el gobierno de la 4T siga dando evidencia de autoritarismo y de incertidumbre jurídica, como mandatario estatal, Durazo bien podría enviar señales claras de respeto a la legalidad y restituir la confianza a la industria para que el modelo de nearshoring se convierta en el motor de la economía sonorense hacia los próximos años.