Por considerar que se contraviene lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, al depender de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Unidad de Medidas Cautelares volverá a formar parte de las funciones que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, aprobó el Pleno del Congreso.
De acuerdo al dictamen que en la sesión ordinaria presentó la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 42, Sección III, el Decreto 249 que modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Ley de Seguridad Pública, para que la unidad dejara de depender de la Secretaría de Seguridad Pública y pasara a formar parte de la Fiscalía.
El dictamen se elaboró con base a una iniciativa que el diputado Jesús Alonso Montes Piña presentó el 5 de noviembre de 2019 ante el Pleno del Congreso del Estado, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
La Unidad de Medidas Cautelares lleva a cabo la evaluación de riesgo del imputado, el seguimiento de las medidas y de la suspensión condicional del proceso, y debe regirse por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
En el Decreto aprobado se deroga el Capítulo IV del Título Cuarto denominado: De la Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y los artículos 57 Bis, 57 Ter, 57 Quarter, 57 Quinquies, 57 Sexties, 57 Septies, 57 Octies, 57 Nonies, 57 Decies y 57 Undecies, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en los cuales se establecen su objeto, principios, obligaciones, integrantes, facultades y demás.
En la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora se cambia la denominación del Título Tercero: De la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para quedar en: De la Coordinación Estatal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada, que una vez sea publicado el Decreto en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, será una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
Una de sus principales atribuciones será atender oportunamente las solicitudes de evaluación de riesgos procesales de la Fiscalía General de Justicia, de la Dirección General de la Defensoría Pública, abogados privados y/o el Juez, establece el Decreto que leyó el diputado Eduardo Urbina Lucero.