Mientras México navega por desafíos económicos, sociales y de seguridad, la elección del gobierno de López Obrador de enfocarse en sus proyectos distintivos hacia 2024 parece relegar a un segundo plano otras iniciativas cruciales para el progreso nacional. Esto se evidencia en el significativo atraso de la Semarnat en aprobar proyectos de infraestructura en distintos ámbitos. En este panorama, ¿cómo podemos confiar en un proceso ágil para las Manifestaciones de Impacto Ambiental si los proyectos alineados con la visión presidencial parecen ser los únicos beneficiados en términos de permisos y facilidades?
De acuerdo con una investigación periodística, basada en la revisión de las gacetas ecológicas de la Semarnat, hay más de 1.500 proyectos que tienen pendiente sus autorizaciones ambientales por parte de la dependencia, tan solo entre septiembre de 2022 y febrero de 2023. La autorización de estas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), es vital para garantizar que las obras de infraestructura y nuevos proyectos se realicen de manera sostenible.
La revisión de gacetas demostró que las solicitudes de la iniciativa privada deben esperar hasta 753 días para obtener una resolución, mientras que las del gobierno solo esperan un máximo de 55 días. La tardanza de la Semarnat para otorgar permisos a la industria privada no solo frena o cancela inversiones para el desarrollo económico del país, sino que también crea incertidumbre en los inversionistas. Esta falta de certeza repercute en que los proyectos no se concluyan en los tiempos esperados, lo que a su vez pone en riesgo los empleos previstos y las expectativas económicas a corto y mediano plazo. Dicha situación es de especial preocupación para estados como Sonora, dado que la minería, uno de los sectores más golpeados por el estancamiento de estos permisos, es vital para su economía.
La Cámara Minera de México (Camimex) informó en septiembre de 2021 que, sólo en ese año, los retrasos de la Semarnat pusieron en riesgo inversiones por 2,800 mdd, cifra que no se ha actualizado a 2023, pero que seguramente será mayor por el retraso de los últimos meses.
Como agravante, desde 2018, la Semarnat ha enfrentado significativas reducciones presupuestales por lo que la insuficiencia de personal técnico y especializado se ha exacerbado debido a la reducción gubernamental de 1.800 plazas desde 2019.
La prioridad esel cuidado del medio ambiente, y la Semarnat está fallando rotundamente en cumplirla. No obstante, es fundamental entender que la economía y el cuidado ambiental no son mutuamente excluyentes. De hecho, una economía robusta puede respaldar y financiar esfuerzos más efectivos de conservación y mitigación del cambio climático.
El gobierno debe reconocer que su tardanza en la aprobación de estos proyectos es una afrenta a los inversionistas nacionales e internacionales que buscan promover la infraestructura y la industria. Estos proyectos no solo representan grandes inversiones, sino que también promueven miles de empleos; además, debido a la naturaleza de las industrias como la manufactura, minería e infraestructura, estas inversiones tienden a ser de largo plazo, por lo que fungen como promotores de inversiones futuras y de certidumbre para las comunidades donde se establecen.
Un país próspero y sostenible es posible, pero el gobierno federal debe comprometerse a acompañar el desarrollo y la inversión, además de reconocer y apoyar el papel de la iniciativa privada, en lugar de descalificarla y, peor aún, ponerle trabas. El cuidado de nuestros recursos naturales requiere que tengamos, hoy más que nunca, una Semarnat eficiente, moderna y capaz de fomentar el desarrollo económico sin comprometer la sostenibilidad ambiental, que trabaje al ritmo del desarrollo, que construya futuro, no que se quede atrás, estancada en consignas y prejuicios.