El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el decreto que modifica leyes que protegen a las mujeres de violencia política y le dan inclusión en el servicio público.
Hoy se hizo historia en el Congreso estatal al eliminar obstáculos y estereotipos para que las mujeres participen activamente en cargos de decisión, en materia de paridad política de género y defienda sus derechos en materia de violencia política.
En esta última sesión del segundo periodo ordinario prorrogado del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión para la Igualdad de Género, mediante el cual se reforman y adicionan disposiciones de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
Con las reformas y adiciones a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, éstas se refuerzan en lo relativo a la protección de los derechos humanos que mantienen las mujeres y se fortalecen sus derechos constitucionales, a la vez que se les garantiza que habrá sanciones por infracciones que se cometan en su contra por cuestiones de género, y se estipulan las sanciones e infracciones por actos de violencia política.
El Tribunal Estatal Electoral estará a cargo de las denuncias y procedimiento sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las modificaciones al resto de las leyes orgánicas de los tres poderes, de Administración Municipal, Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de Responsabilidades, atienden la aludida obligación que tienen las autoridades en la consecución, gradual y progresiva, del pleno disfrute de los derechos humanos, en este caso, promover la inclusión sustantiva de la mujer, garantizando su participación en igualdad de género, en los poderes y principales órganos decisorios del Estado de Sonora y sus municipios.
Mediante este Decreto se aprobó la paridad en el gabinete estatal y ayuntamientos, en el Poder Judicial, en los puestos directivos del Congreso del Estado, en la integración y de los ayuntamientos, así como alternancia de género en las candidaturas de mayoría relativa y plurinominales.