El presidente Andrés Manuel López Obrador destrabó la decisión postergada por una década, de que el Estado Mexicano reconozca la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada para investigar sobre este delito.
Las denuncias en las que podrían trabajar son las que se han hecho desde diciembre de 2010.
El mandatario remitió a la Comisión Permanente esta declaratoria para su ratificación, misma que las dos administraciones federales anteriores tuvieron en la congeladora.
Este organismo que forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre de 2006.
Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.
En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, el Presidente de la República resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Fuente jornada.com.mx