La primera cosa que hizo Samuel García cuando empezó su mandato como gobernador de Nuevo León fue proponer una nueva Constitución para su Estado. Pretendía modernizar el entramado jurídico e institucional de la entidad norteña, para impulsarla hacia una sociedad de derechos sin que dejara de ser el polo de desarrollo económico e industrial que ha sido desde hace más de cien años. Magnífica intención, pero dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
El primer problema fue que, si en realidad impulsaban una “nueva” Constitución, jurídico-políticamente lo que estaría ocurriendo es que desaparecería el actual Estado de Nuevo León, y se crearía otro Estado de Nuevo León, es decir, al abrogar una Constitución para aprobar otra nueva, se estaría refundando un Estado, lo que implicaría -para el pacto federal-, que dicho Estado dejaría de pertenecer a la República Mexicana, y el Estado naciente tendría que solicitar su admisión a la Federación mexicana, misma que debe ser aprobada por el Congreso de la Unión, pero antes de eso y en tanto se le vuelve a admitir en la Unión, el Senado tendría que declarar la desaparición de Poderes en aquel Estado disuelto y nombrar un gobernador provisional, es decir, Samuel García ya no habría seguido siendo titular del Ejecutivo sino que se hubiera tenido que convocar a elecciones generales para nombrar nuevas autoridades, o sea, todo un relajo innecesario. Como se dieron cuenta de esto, mejor propusieron una “reforma integral” a la Constitución, aunque mediáticamente le siguieron llamando “nueva” Constitución. Una simulación pues.
El segundo problema fue que, tras la aprobación de la “reforma integral” y su publicación el pasado 1 de octubre de 2022, a poco más de un año de haber entrado en vigor, en general las cosas no han cambiado para la gente, y no solo eso, sino que lejos de avanzar hacia un auténtico Estado Constitucional de Derecho en aquella entidad federativa, el gobernador la ha llevado a una situación de crisis constitucional, todo por anteponer su interés personal de ser candidato a la presidencia de la República, por encima del interés general del Estado de Nuevo León al que se debe.
Lo anterior revela un tercer problema, la “nueva” Constitución no previó con claridad una situación como la que se presentó apenas un año después de su entrada en vigor, como lo es la licencia de un gobernador que quiere irse de candidato, es decir, la “nueva” Constitución no estuvo muy bien hecha que digamos, y eso que recientemente este supuesto ya se había presentado cuando el anterior gobernador, “El bronco”, también solicitó licencia para competir por la presidencia en 2018, cosa que Samuel García juró -y perjuró- que no haría, y que ahora lo exhibe como lo que es, como una persona poco fiable, sin palabra. Esto, sin entrar a las verdaderas intenciones de Samuel, que a todas luces atienden a la instrucción de López Obrador de entorpecer a la oposición, es decir, además se convierte en cómplice del oficialismo y pelele del presidente.
Pues bien, en virtud de su licencia, Samuel García pretendió dejar como encargado de despacho a su Secretario de Gobierno, pero como la licencia excedía de un mes, el Congreso local nombró el pasado 25 de octubre a un gobernador interino en la persona de Arturo Salinas, quien fuere el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ese nombramiento al considerarlo inelegible precisamente por encabezar el Poder Judicial del Estado, lo que suponía reunir dos Poderes en una misma persona, y le ordenó al Congreso local hacer un nuevo nombramiento.
Así las cosas, Samuel García decidió reasumir la gubernatura por tan solo tres días, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, en la intención -nuevamente- de dejar como encargado de despacho a su Secretario de Gobierno, pero este 29 de noviembre, el Congreso del Estado, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral, decidió nombrar como gobernador interino al vicefiscal del Estado, Luis Enrique Orozco, y le tomó protesta en medio de una sesión caótica en la que una turbamulta de simpatizantes de Movimiento Ciudadano ingresó por la fuerza al recinto parlamentario haciendo desmanes.
Después de todo esto, es difícil decir qué le depara al Estado de Nuevo León, pero por lo pronto queda claro que lo único que Samuel García ha hecho por él, es llevarlo a una crisis constitucional. No quiero ni pensar lo que sería de México en sus manos; lo bueno es que ese escenario no se dará, no es lo que él está buscando.