La LXIII legislatura sonorense clausuró el jueves su primer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al segundo año de ejercicio con la aprobación de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos para todos los municipios de la entidad, para el ejercicio fiscal 2023.
De éstos, 35 pasaron el trámite como las aprobaron en sus ayuntamientos y 37 fueron modificadas, a efecto de eliminar todas aquellas disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos aprobadas con modificaciones son: Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Bacanora, Bácum, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, H. Cananea, Carbó, Cajeme, H. Caborca, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Granados, H. Guaymas de Zaragoza.
También las de Huatabampo, Ímuris, Magdalena de Kino, Moctezuma, Navojoa, H. Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, H. Ures y Villa Hidalgo, y en uno de los considerandos del dictamen establece que los derechos humanos que se hubieran visto afectados son: acceso a la información, libertad de expresión, libertad de reunión e intimidad, no discriminación e impuestos adicionales.
Las leyes de ingresos que afectaban el derecho de acceso a la información son las de Agua Prieta, Bácum, Banámichi, Cananea, Cajeme, Empalme, Fronteras, Guaymas, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, este último, junto con Carbó, Caborca, Etchojoa, Granados, Magdalena, Navojoa, Oquitoa, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, General Plutarco Elías Calles y Ures, Sonora, pues contravenían el derecho a la no discriminación por razón de condición, se asentó en el dictamen.
La dictaminadora se percató de que, al proponer lineamientos en sus respectivas leyes de ingresos que condicionen o bien se requiera permiso o autorización para realizar fiestas familiares, como plantearon los ayuntamientos de Arizpe, Bacanora, Bacoachi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Cananea, Empalme, Ímuris, Rayón y Villa Hidalgo, Sonora, dichas propuestas no eran viables, toda vez que colisionaban el derecho a la libertad de reunión y derecho a la intimidad.
Al respecto, los municipios de Álamos, Cajeme y Guaymas proponían disposiciones que atentan contra este derecho y el relativo a la no discriminación; este último y Nogales también afectaban el derecho a la libertad de expresión, dice el considerando, en tanto el Ayuntamiento de Puerto Peñasco incurría en el cobro de impuestos adicionales, ya que no especificaba los conceptos a los que se les aplicaría ni la justificación de los mismos.
El dictamen se aprobó por unanimidad en lo general y mayoría en lo particular. En esta última votación no aprobaron las bancadas de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.