Han trascurrido ocho años de incertidumbre, dudas, investigaciones y declaraciones para que se dé un resumen contundente sobre el destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
No están vivos, hubo complicidad oficial y la presencia de decenas de sicarios, es la conclusión del caso. Fue un crimen de Estado.
En Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, dio a conocer el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, mismo que tiene 16 conclusiones clave.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ,”Raúl Isidro Burgos” fueron víctimas de un crimen de Estado, debido a que, en su desaparición, estuvo involucrado el crimen organizado, particularmente integrantes del cártel “Guerreros Unidos”, además de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
“La verdad histórica privilegió la lógica jurídica con un enfoque penal por encima de la salvaguarda de los derechos humanos y derechos al acceso a la verdad. Así se construyó una narrativa que forzó y manipuló el sistema de procuración de justicia a fin de evitar una investigación profunda que permitiera conocer la verdad de los hechos, orientando la investigación al tema de secuestro y crimen organizado de autoridades y grupos delictivos locales”, así empieza el documento que Presidencia difundió de las conclusiones del Caso Ayotzinapa.
Las conclusiones de este informe, proporcionado por el gobierno de México son:
1.- Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado, en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
2.- Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, se presume que se alteraron los hechos y circunstancias para alejar la situación de la verdad.
3.- Autoridades de los tres niveles de gobierno supieron de la movilización de estudiantes en todo momento, desde su salida de la escuela hasta su ejecución y la de otras seis personas.
4.- En ningún momento, la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
5.- El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.
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6.- En ningún momento existió comunicación entre las estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.
7.- Tras la salida de la Terminal de Autobuses de lguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.
8.- Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.
9.- También se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.
10.- Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.
11.-Los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio Cesar López Patolzin.
12.- Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a las estudiantes.
13.- Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.
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14.- No hay indicio alguno de que las estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
15.- Es necesario continuar con la búsqueda en: La Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonafapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
16.- Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de: integrantes de Guerreros Unidos, funcionarios municipales y, contra quien resulte responsable por acción u omisión en estos delitos.
Alejandro Encinas advirtió que “La creación de la verdad histórica” fue una acción concertada en el pode, desde el nivel más alto del gobierno para ocultar la realidad de los hechos, alterando escenas del crimen, ocultando vínculos de autoridades con el grupo delictivo, así como la participación de agentes el Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de procurar justicia en este hecho del que 43 estudiantes están en calidad de desaparecidos.
Fuente heraldodemexico.com.mx