La diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera, propone que se sancione a las empresas que no emplean a personas mayores de 35 años.
Presentó una iniciativa que ponga freno a la discriminación para personas mayores y solicitó a la Secretaría del Trabajo que vigile los procesos de reclutamiento.
Su propuesta va encaminada a la reforma de varias leyes, a fin de que haya una vigilancia estricta a los procesos de reclutamiento y de contratación por razón de edad.
Rivera señaló que del año 2000 a la fecha el segmento de personas de 35 a 65 años ha crecido en más de un 50% y actualmente nueve de cada 10 anuncios de empleo dejan fuera a personas que están en ese rango de edad.
Durante la lectura de su iniciativa, señaló que los organismos internacionales estiman que, de abrir la participación de personas de esta edad en el mercado laboral, los países podrían crecer casi 20% la capacidad de producir riqueza.
Pese a lo anterior y a que existen prohibiciones expresas en las leyes actuales de no discriminar por edad, preferencia sexual, raza, religión o sexo, las empresas continúan con prácticas discriminatorias por motivos de edad durante la selección y contratación de personal; lo que se hace necesario fortalecer el marco jurídico en este aspecto.
La propuesta de Movimiento Ciudadano en el Congreso local incluye reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al Código Penal y a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora, para establecer nuevas funciones de verificación y sanción para la Secretaría del Trabajo; así como incrementar las multas para quienes discriminen a trabajadores por razones de edad y establecer una figura penal específica para el caso de discriminación laboral.
También contempla, por primera vez en la legislación local y nacional, prohibiciones expresas en las distintas etapas de contratación, y no solamente en los anuncios clasificados o convocatorias de empleo.
La propuesta considera otorgar facultades específicas a la Secretaría del Trabajo del Estado para vigilar que las empresas cumplan, además de coordinar el primer registro de empresas sancionadas por discriminación laboral en el Estado, junto con la publicación de un informe anual de acciones para evitar actos de discriminación laboral.
Finalmente, argumentó que las multas por incumplimiento señaladas en la iniciativa de ley, pueden superar los 20 mil pesos, en tanto que las penas alcanzarían los cuatro años de prisión o 300 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.