Marcos Pérez Esquer
La Cámara de Diputados ha dado un paso más en el desmantelamiento de los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
Con la reciente aprobación de las reformas en materia de adquisiciones y de obras públicas, se consolida un modelo de discrecionalidad que favorecerá la opacidad y la corrupción en la contratación de bienes y servicios por parte del gobierno.
Desde el inicio de su mandato, Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con la adjudicación directa de contratos y fortalecer la licitación pública como regla general, tal como lo exige el artículo 134 constitucional.
Sin embargo, lejos de cumplir su promesa, echó mano de las fuerzas armadas para construir obra pública, de suerte tal que, al manejar esos asuntos como de “seguridad nacional”, se evitó dos grandes inconvenientes: licitar las obras, y transparentar el uso del dinero.
Las reformas recién aprobadas también van en el sentido contrario a la transparencia, y constituyen prácticamente el fin de las licitaciones públicas.
La norma constitucional establece que las compras del gobierno deben realizarse mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales.
La nueva legislación amplía estas excepciones hasta el punto de hacer irrelevante la regla general.
Entre los cambios más alarmantes está la multiplicación de procedimientos alternativos a la licitación pública, que ahora ya no será solo dos, sino seis: invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, adjudicación directa con estrategia de negociación, diálogos competitivos, asignación de contratos específicos derivados de acuerdos marco y asignación de órdenes de suministro mediante la Tienda Digital.
Con tantas salidas alternativas, la licitación pública será la excepción, no la regla, lo que representa una violación directa al artículo 134 de la Constitución.
Uno de los puntos más controversiales es la incorporación de “diálogos competitivos”.
Estas figuras permiten reuniones preparatorias entre funcionarios y proveedores antes de asignar los contratos, lo que abre una peligrosa puerta a la corrupción y a la componenda.
Un diputado panista los llamó “diálogos para el moche”.
Como lo ha señalado el periodista Sergio Sarmiento en su columna del periódico Reforma, estas medidas institucionalizan las malas prácticas que caracterizaron los megaproyectos de López Obrador, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, donde los costos se dispararon de manera exponencial sin justificación clara.
Otro cambio preocupante es la eliminación de Compranet, la plataforma que permitía rastrear el gasto público y detectar irregularidades.
Su reemplazo, la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, no solo carece de garantías suficientes de seguridad, sino que excluye de sus reglas a Pemex, la CFE y las Fuerzas Armadas cuando realicen proyectos prioritarios.
Esto significa que una parte sustancial del presupuesto público será manejada sin rendición de cuentas efectiva.
El desmantelamiento de los mecanismos de transparencia no es un error ni una casualidad.
La desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la flexibilización de las reglas para la adjudicación de contratos forman parte de una estrategia deliberada para concentrar facilitar el otorgamiento de contratos por amiguismo y compadrazgo.
Mientras en otros países se busca fortalecer la supervisión ciudadana y la transparencia en el gasto público, México avanza en la dirección opuesta.
La discrecionalidad y la corrupción se están normalizando.
Con estas reformas, México retrocede en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La licitación pública, pilar fundamental del buen uso de los recursos del Estado, es relegada a un papel marginal.
La corrupción, disfrazada de eficiencia, se fortalece con cada reforma que debilita los controles ciudadanos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes serán los beneficiarios de estas nuevas reglas? La respuesta es obvia: quienes tengan contactos dentro del gobierno, y los propios funcionarios corruptos.
