En un acto simbólico, madres buscadoras cerraron este jueves la entrada al Senado de la República para denunciar “su falta de compromiso con los familiares de personas desaparecidas”, tras las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, quien negó que la crisis de desapariciones en México sea sistemática.
Las manifestantes demandaron una disculpa pública por sus afirmaciones de que las desapariciones forzadas son inexistentes o mínimas en el país.
A las 10:00 horas, frente a la Puerta 3 de la Cámara Alta, los colectivos colocaron un sello de clausura acompañado de cientos de fichas de búsqueda con los rostros de sus seres queridos, algunos hallados en fosas clandestinas y otros aún sin justicia por la inacción de las fiscalías locales.
“Les falta mucha voluntad para atender a las víctimas. Mucha voluntad política y voluntad del corazón. Nosotros no tenemos colores. Nosotros no tenemos inclinaciones políticas. No somos de la derecha o gente que se opone a ellos. Somos madres y padres que amamos, que buscamos justicia y verdad, que conocemos el problema porque lo vemos a diario. No estamos en contra de nadie, al contrario, les tenemos respeto a todos los funcionarios y solo queremos que reconozcan la crisis para poder buscar soluciones”, expresó María del Tránsito, buscadora de Guanajuato.
La protesta, impulsada por el grupo Glorieta de los Desaparecidos de la Ciudad de México, reunió a rastreadoras y buscadores de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Sonora, Morelos y Guanajuato. Jackie Palmeros, de Una Luz en el Camino, arremetió:
“Estamos encabronadas y lo que le sigue. Este señor (Gerardo Fernández Noroña) tiene que salir a dar una disculpa pública a las madres buscadoras ¿Cuántas personas han sido desaparecidas por el Estado? ¿Cuántos padres han visto con sus propios ojos que el Ejército mexicano desaparece a sus hijos? (…) Todas son desapariciones forzadas. A todos se los llevan a la fuerza, nadie desaparece por voluntad propia”.
Sobre la calle, pintaron la frase “NEGAR Y OCULTAR ES DESAPARECER”, reiterando su crítica –sostenida desde el gobierno de López Obrador– de que el Estado invisibiliza a los desaparecidos al manipular censos y negar la magnitud del problema. Jorge Verástegui, del mismo colectivo, añadió: “Que le pregunten a la Fiscalía General de la República, en los últimos seis años, cuántas carpetas de investigación ha iniciado contra funcionarios federales por desaparición forzada. Que le pregunten a las fiscalías locales cuántos casos tienen de desaparición forzada. (…) Reiteramos que no vamos a estar en espacios de simulación”.
También respaldaron la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, rechazaron las posturas de la presidenta de la CNDH y recordaron su solicitud de 2017 a la Corte Penal Internacional para investigar a México.