Mucho se ha dicho respecto del despropósito de la propuesta del presidente López Obrador de seleccionar a las y los consejeros del instituto electoral mediante voto popular, pero poco se ha comentado en torno a su propuesta de que también las y los magistrados del tribunal electoral sean seleccionados bajo ese método.
Y es que, en cuanto al instituto electoral, es decir, en cuanto a las autoridades administrativas electorales, no hay modelo en el mundo en el que el voto popular sea utilizado para nombrar a estas autoridades, lo cual, de entrada, deja ya muy claro que no es lo internacionalmente aconsejado ni mucho menos.
De hecho, de los 217 países que tienen autoridades electorales análogas a nuestro INE, en ningún caso se utiliza el voto popular para eligir a sus titulares, y los casos más existosos de modelos de selección son los que usan esquemas similares al nuestro, es decir, algún tipo de comité técnico de evaluación ciudadano, que filtra perfiles a partir de una convocatoria, y le presenta al parlamento opciones de personas respecto de las que ya verificó que cuentan con independencia, imparcialidad, y solvencia técnica y moral.
Pero por lo que respecta a elegir autoridades jurisdiccionales electorales, es decir, por lo que hace a elegir jueces mediante voto popular, aunque se trata de verdaderas excepciones, resulta ser que sí hay experiencias internacionales en las que podemos poner la mirada. Básicamente hay dos casos más o menos relevantes: Bolivia, y algunos estados de los Estados Unidos.
Cierto es que no se trata precisamente de jueces electorales sino de jueces abocados a otras materias, y que tampoco es que -al menos en el caso de Bolivia- se trate de una democracia ejemplar, pero aún así, vale la pena revisar qué experiencia han acumulado al respecto.
Veamos. En el caso de Bolivia, se eligen todos los jueces por voto popular, incluso el equivalente a nuestra Suprema Corte, esto, desde una reforma impulsada por el presidente Evo Morales en 2011.
Sin embargo, la experiencia ahí acumulada llevaría a desaconsejar el modelo, porque lo que se vio es que Evo Morales operó políticamente en las elecciones para incidir en esos nombramientos de tal suerte que, para 2016, tenía ya tan capturadas a las cortes que llegaron al extremo de permitirle una segunda reelección como presidente aún cuando la Constitución boliviana sólo permitía una. A ese grado es riesgoso ese sistema.
En el caso de algunos de los estados de los Estados Unidos, la experiencia tampoco es buena, revela que el modelo no ha funcionado adecuadamente para garantizar ni la integridad ni la imparcialidad ni la independencia judicial, sino al contrario, al menos así lo demuestra el famoso estudio al respecto elaborado por Lawrence M. Friedman, uno de los principales expertos en la evolución del derecho en los Estados Unidos, en el que se exhibe que esos jueces tienden a beneficiar con sus sentencias a quienes los apoyaron en sus campañas electorales, y a perjudicar a quienes apoyaron a sus adversarios políticos.
Por eso, algunos de esos estados han empezado a modificar sus modelos para ya no elegir jueces por voto popular, es decir, hay una tendencia a revertir ese mecanismo de selección.
La propuesta del Presidente de seleccionar a las y los siete magistrados electorales en una elección general y a partir de treinta propuestas (10 del Ejecutivo, 5 de la Cámara de Diputados, 5 del Senado y 10 de la Suprema Corte), en vez de hacerlo como hasta ahora donde los selecciona el Senado a partir de propuestas de la Suprema Corte, llevaría a nombrar no a los mejores perfiles sino a los más populares, y eso no es lo conveniente para este tipo de encargos. Más aún, cuando de entrada, las candidaturas ya vendrían sesgadas a favor del oficialismo. No me sorprendería que ganaran quienes expresamente manifestaran simpatía por la 4T.
Afortunadamente no tienen los votos en el Congreso para sacar adelante esta reforma, porque, claramente lo que el presidente busca es controlar a las autoridades electorales. En las condiciones actuales, para el oficialismo sería fácil lograr que la gran mayoría de las y los Magistrados terminaran siendo sus allegados. Así, lejos de alcanzar el supuesto propósito de evitar el fenómeno de las cuotas partidistas, el fenómeno de la captura de las instituciones se exacerbaría, y adiós a la democracia. Ahora toca estar atentos al “Plan B”.