Tras el atentado contra la vida del destacado periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el jueves de la semana pasada, en vez de instruir el despliegue de algún mecanismo de seguridad para el periodista y su familia, y en vez de anunciar algún proyecto o política pública con medidas de protección que garanticen el ejercicio libre del periodismo en México, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solo atina a expresar su solidaridad, y en lo que ya parece el colmo de su egocentrismo, dice que no descarta que el ataque haya sido planeado por alguien “para afectarnos a nosotros”. O sea que, según el presidente, el ataque a balazos contra Ciro no buscada afectar a Ciro, sino a López Obrador.
Como sea, afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México sí proveyó de seguridad a Gómez Leyva y su familia, pero desafortunadamente no hay nada más, ni avances en las investigaciones ni nuevas medidas de protección para el gremio y el ejercicio de la prensa libre.
Todo esto, en un contexto en el que México se ha vuelto el país más peligroso para ejercer el periodismo. En 2022, solo en Ucrania -país en guerra-, han sido asesinados más reporteros que en nuestra nación. Y esto parece obedecer no solo a los altísimos niveles de impunidad y el contexto de descomposición generalizado de la seguridad en los que estamos inmersos, no, también tiene que ver con el ambiente de descalificación y crispación que el propio presidente de México lleva a cabo en contra de las y los periodistas continuamente desde sus mañaneras.
Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección a Periodistas, ha señalado que México “es el país más mortífero para periodistas”, y Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resalta que somos “uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de derechos humanos”. La organización Artículo 19, especializada en libertad de expresión, ha señalado que en el gobierno de López Obrador “persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder”.
Desde la propia presidencia se ataca constantemente tanto a los medios y periodistas independientes, como a cualquiera que opine diferente, con lo que se vulnera la libertad de expresión, el derecho a la información y la libre prensa.
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la libertad de expresión implica el derecho a no ser molestado por las opiniones, sin embargo, el presidente López Obrador, cotidianamente descalifica a la prensa diciéndoles “manipuladores”, “prensa fifí”, “hampa del periodismo”, “medios conservadores”, “pasquines al servicio del conservadurismo”, y “muerden la mano de quien les quitó el bozal”. Incluso señala por sus nombres y apellidos a quienes denosta, poniendo en entredicho no solo la honra y prestigio de estas personas, sino incluso su integridad física.
El Presidente ha llegado al extremo de advertir a sus opositores que se callen o dejen el país, lo que provocó que 667 intelectuales, periodistas, académicos y activistas publicaran un desplegado intitulado “La libertad de expresión está bajo asedio en México”, en el que denuncian la amenaza que representa el Presidente de México para el ejercicio de este derecho. Y ahora, tras el atentado contra Ciro, 180 más han publicado una carta en la que exigen el cese del hostigamiento por parte del titular del Ejecutivo.
En todo este marco la pregunta salta a la vista, ¿cuál será el grado de responsabilidad del gobierno en todo esto?, y la respuesta también: aún sin ordenarlos directamente, en la medida en que continúe con su inquino discurso, en esa misma medida el propio presidente también será responsable por los ataques.