Los abusos de poder en este país están a la orden del día. Los hay de muchos tipos, pero preocupa en especial, el retorno de la práctica de la fabricación de delitos sembrando pruebas falsas, como drogas y armas, para imputar penalmente y recluir en la cárcel a personas inocentes. Esta misma semana tuvimos dos casos paradigmáticos, uno en la Ciudad de México, y otro en Veracruz.
El de la capital fue un asunto que inició con una supuesta denuncia anónima que derivó en un cateo a las oficinas de una firma de asesores financieros denominada Black Wall Street Capital, del cual se reportó que se habían encontrado armas de fuego, paquetes de droga, y 168 mil dólares en efectivo (unos 3 millones de pesos), por lo que fueron detenidas varias personas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, el personal de la fiscalía de la Ciudad de México, y de la Secretaría de Seguridad Pública, que participó en el operativo no contaba con que se filtrarían las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad de la propia empresa, en las que se revela que cuando las autoridades ingresaron al lugar, no estaban ahí los supuestos paquetes de droga, y en cambio, sí que había dinero en efectivo, pero no 168 mil dólares, sino muchísimo más, que obviamente no fue reportado.
Quedó en evidencia pues, que los paquetes de droga fueron sembrados por los propios policías, y para colmo, luego se supo, por un peritaje de la Fiscalía General de la República, que ni siquiera era droga de verdad, sino un polvo blanco que daba la apariencia de ser droga, es decir, ni siquiera se molestaron en conseguir auténtica droga para inculpar a estas personas, pensaron que sería suficiente con tomar unas fotos de unos paquetes similares a los que usan los narcotraficantes.
Además, también trascendió que las armas encontradas eran legales, es decir, contaban con los permisos correspondientes por parte de la Defensa Nacional.
El dinero por su parte, sigue sin aparecer, y según los imputados, que fueron liberados después de 80 días de prisión, sumaban 75 millones de pesos, y no solo 3 millones como informó la policía capitalina.
Ignoro si ese despacho hace lavado de dinero o algún tipo de ilícito en sus operaciones, pero está más que claro que un grupo de policías encabezados por un agente del ministerio público se enteraron de que en ese lugar había dinero, y diseñaron un operativo para robárselo. Y si bien ya varios de esos policías están detenidos, no aún el agente del ministerio público que encabezó el asalto.
El otro caso, el de Veracruz, es otra joya. Pero en este está implicado nada más y nada menos que el propio gobernador Cuitláhuac García. Se trata de la detención de la jueza local Angélica Sánchez Hernández, quien fue retenida por la policía durante más de cinco horas, y luego presentada y recluida en la penitenciaria.
Una reportera que se enteró del suceso le preguntó al gobernador sobre el motivo de la detención, y con un lenguaje verbal y corporal que intenta imitar el de López Obrador, señaló que había una red de corrupción en el Poder Judicial e indicios de que la jueza tenía comunicación indirecta con el abogado de un acusado al que acababa de liberar, apodado “El Compa Playa”.
Todo parecería indicar que habría una acusación de corrupción (aún y cuando en México ese tipo de comunicación, conocido como “alegato de oreja” es legal), pero no, luego se supo que la versión de la policía era totalmente diferente. Sostuvieron la inverosímil narrativa de que la jueza los habría agredido a balazos, y que al detenerla se le habían encontrado bolsitas de droga en su automóvil.
Cuando la jueza pudo hablar con sus familiares les dijo que había sido obligada a accionar un arma de fuego. Claro, para que en su momento la prueba de radizonato resultara positiva, y congruente con esa narrativa.
Respecto de la liberación del “Compa Playa”, que es lo que aparentemente molestó al gobernador, también se supo que la realizó en acatamiento de un amparo otorgado por un juez federal; no tenía de otra.
Por desgracia en este caso no hay video que pueda ayudarle, pero está bastante claro que hubo una maquinación policial para imputarla, y sin bien ya fue liberada, sigue sujeta a proceso, mientras que ninguna autoridad ha sido indiciada.
Pues bien, esas son las autoridades que deberían protegernos. Son solo dos ejemplos recientes de los muchos que ocurren hoy día, pero son dos ejemplos que revelan con contundencia la necesidad imperiosa de una limpieza profunda de la procuración de justicia en México.