Fue toda una diarrea legislativa. No suelo utilizar palabras disonantes -no es mi estilo-, pero esta vez no encontré mejor manera de describir lo que fue el sucio flujo de votaciones llevado a cabo en la Cámara de Diputados aprobando reformas legales a diestra y siniestra, sin siquiera haber pasado por el indispensable tamiz de las comisiones, o al menos por la más elemental lectura por parte de las y los legisladores.
Eso fue lo que ocurrió en la larga jornada de 24 horas continuas de sesión parlamentaria que transcurrió entre el 25 y 26 de abril, en la que se aprobaron al vapor múltiples dictámenes que reforman una gran cantidad de leyes, sin tomar en cuenta ya no digo a las voces interesadas y especializadas de la sociedad civil, sino a la oposición, y acaso tampoco a muchas y muchos legisladores oficialistas.
Se trataba de sacar adelante la agenda presidencial a como diera lugar; esa era la instrucción, y punto.
Pero la instrucción llevó a un proceso tan desaseado que ahora recaerá en la Suprema Corte la labor de asepsia. Claro, asumiendo que el Senado -como cámara revisora-, no imprima algún mecanismo de estreñimiento legislativo, cosa que, para cuando esto escribo, está por verse, pero no parece probable.
La lista de productos legislativos surgidos de ese proceso que ahora deben ser analizados por el Senado incluyen:
1.- Eliminar el Insabi y encargarle la tarea al IMSS Bienestar. Así, de bote pronto, disuelven la institución que crearon apenas al inicio del sexenio para sustituir al Seguro Popular, y ante el monumental fracaso de la decisión, ahora le entregan la papa caliente al IMSS, como si el IMSS no estuviera ya saturado de derechohabientes. Y nada se dice sobre la manera de financiar todo esto en el IMSS, ni qué fue de las ingentes cantidades de dinero que contenía el fondo de enfermedades catastróficas.
2.- Reformar la ley ferroviaria para permitir asignaciones (concesiones a entes públicos) de vigencia indefinida, todo, para darle carta de por vida al Ejército en la operación del Tren Maya, a través de Fonatur Tren Maya S.A. de C.V.
3.- Modificar la Ley de Derechos para que los ingresos fiscales por turismo vayan en un 80% a financiar la operación del Tren Maya, dado que ya se sabe que será incosteable; siempre arrojará pérdidas.
4.- Reformar tres leyes para armonizarlas con la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que encarga al Ejército la vigilancia y seguridad del espacio aéreo, consolidando su militarización.
5.- Eliminar la Financiera Rural, bajo el argumento de que los deudores no pagaban los créditos, pero sin reconocer que ello obedece a la pésima administración de riesgos. La asignación de los créditos se ha venido haciendo sin las correspondientes garantías, y sin cálculo actuarial de riesgos, como haría cualquier institución financiera responsable. El hecho es que al final cancelan un mecanismo de apoyo al campo.
6.- Desmantelar el Conacyt, para crear otra institución que centraliza y controla los proyectos de investigación y tiende al adoctrinamiento de la ciencia, además de que prioriza el otorgamiento de becas a investigadores de universidades públicas, por encima del resto. Todo, sin importar la indignación de la comunidad científica que exigía la realización del tan prometido parlamento abierto.
7.- Quitarle a la Secretaría de Hacienda el control sobre las Unidades de Administración y Finanzas de las Secretarías de Estado, para entregarlo a la Secretaría de la Función Pública. Esto es todo un despropósito, porque la Función Pública es una instancia de fiscalización, de vigilancia, de auditoria, no de administración. Con esto, ahora será juez y parte.
8.- Modificar la Ley de Bienes Nacionales para que, cuando se licita la venta de un bien del dominio público, el descuento no pueda ser superior al 15%, sin aclarar qué ocurriría si ni así logra venderse. Todo esto, cuando al mismo tiempo, se da a conocer que se venderá el avión presidencial con un descuento superior al 40%, y nada menos que a Tayikistán, un país con una población que no llega ni a la mitad de la que tiene el Valle de México, encabezado por un dictador que tiene más de 30 años en el poder. ¡Vaya incongruencia!
En fin, todo indica que el Senado tiene por delante una labor de revisión y análisis más propia de la coprología, que de la técnica legislativa.
