El llamado Plan B del presidente López Obrador debería denominarse Plan V, porque en realidad es una venganza contra la oposición y contra el INE.
Así como en su momento no soportó que le rechazaran la reforma eléctrica y entonces sometió una reforma legal inocua sobre el litio solo para poder decir que no perdió, y así como organizó una marcha a su favor para no aceptar que la marcha en defensa del INE marcaba un contundente rechazo a su gestión por parte de un muy amplio sector de la población, así también esta semana, para no aceptar que su reforma constitucional electoral fue derrotada, el Presidente presentó otra, de orden legal, que pudiera ser aprobada por la mayoría simple con la que cuenta.
Pero a diferencia de aquella ocasión en la que el tema era el litio, en este caso la reforma legal electoral no resulta inocua, porque si bien dista de provocar el daño que habría provocado la reforma constitucional, vaya que también deviene nociva.
Debilita al INE cuando le cercena buena parte de su estructura organizacional, al grado de poner en riesgo la posibilidad de instalar muchas de las casillas de votación que regularmente funcionan elección tras elección desde hace lustros. Lo debilita también, al destituir a aproximadamente mil 500 personas que desde hace años prestan sus servicios para garantizar que las elecciones se lleven a cabo con el profesionalismo al que el INE ya nos tiene acostumbrados.
Y desde luego, lo debilita al retirarle facultades para sancionar con la cancelación de candidaturas a quienes incurran en actos anticipados de campaña u otras violaciones a la ley.
Y también debilita al Tribunal Electoral al prohibirle también la posibilidad de imponer la sanción de cancelación de candidatura a quienes incurran en actos anticipados de campaña, o a quienes usen propaganda gubernamental para incidir en la contienda, por ejemplo.
Pero no solo debilita a las instituciones electorales, sino que abre espacios a la impunidad al amarrarles las manos para sancionar ilícitos, y al achicar el aparato de fiscalización del INE convirtiendo lo que hoy es una robusta Unidad Técnica de Fiscalización, a una más de las direcciones ejecutivas, y al eliminar la Sala Especializada del Tribunal Electoral, encargada de sancionar los actos anticipados, el desvío de recursos públicos, y el uso indebido de propaganda.
Por si esto fuera poco, además introduce una suerte de ley mordaza, al incluir las críticas al gobierno como causal de infracción por parte de las y los candidatos; abre la posibilidad de que el gobierno siga haciendo uso de la comunicación social durante los procesos electorales que hasta ahora -para mantener la equidad en la competencia- ha sido objeto de veda; e inserta un importante elemento de incertidumbre al permitir a residentes en el extranjero votar sin credencial de electoral. Así como lo oye, ahora resulta que millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero podrán votar con su pasaporte o con su matrícula consular, documentos ambos, expedidos por el Ejecutivo federal; digamos que, de alguna manera, el presidente tendrá su propio padrón electoral de residentes en el extranjero.
Y como cereza en el pastel, o más bien, como manzana envenenada, con dedicatoria especial al PAN, se eleva al doble la cantidad mínima de militantes que debe tener un partido político pasando de aproximadamente 250 mil a 500 mil personas. Esto lleva dedicatoria digo, porque el PAN, que no es un partido de masas sino de cuadros, tiene un padrón de militantes de apenas 292 mil personas. Sí, su registro estaría en riesgo.
En resumen, se trata de una reforma que, con ánimo de venganza, impone reglas que debilitan a las autoridades electorales como árbitros de la contienda, benefician al partido en el gobierno, y perjudican a la oposición.
Lo más probable es que la próxima semana el Senado apruebe esta reforma, pero confío en que el Poder Judicial la eche abajo, porque los vicios en el proceso son de antología. Vamos, en la Cámara de Diputados la votaron sin haberla leído siquiera, y bueno, en sede jurisdiccional ya hay antecedentes en materia de protección del principio parlamentario de debida deliberación.