Medios de comunicación locales y de circulación nacional tienen versiones contrarias a lo que significa la reformar al Artículo 167 Quarter del Código Penal local, conocido como “Ley Ingrid”, aseguran el secretario de Gobierno Álvaro Bracamonte y el secretario de la Consejería Jurídica, Adolfo Salazar Razo.
El Secretario de Gobierno aclaró que la iniciativa fue impulsada por el Poder Legislativo y aprobado por las bancadas del Congreso local de manera unánime, no por el gobernador Alfonso Durazo y los diputados de Morena, como se ha mal informado en algunos espacios.
Foto: Gobierno del Estado
No obstante, ante las posibles interpretaciones que se encontraron en el análisis de esa iniciativa original, el Ejecutivo presentará una propuesta de reforma, señaló Bracamonte Sierra.
Reiteró que en la iniciativa del Ejecutivo se ha acotado que cualquier sanción aplicaría únicamente a servidores públicos que publiquen o difundan fotografías de cadáveres relacionados con investigaciones judiciales, para cerrar cualquier posible lectura que sugiera una agresión contra las libertades de periodistas o grupos de búsqueda.
Advirtió además que el propósito del gobierno no es atentar contra la libertad de prensa ni contra las garantías consagradas en la Constitución.
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A este respecto, Salazar Razo dejó en claro que el compromiso del gobierno del estado con la libertad de expresión es una de las banderas de la administración, por lo que la difusión periodística no se encuentra entre los supuestos que pudieran ser susceptibles de una sanción en la reforma a la “Ley Ingrid”, pues es dirigida al servidor público, integrante de alguna institución policial, de procuración o impartición de justicia que, fuera de los supuestos autorizados por la ley, realice la ya mencionada difusión de imágenes.
“Este es un gobierno que tiene un compromiso muy claro con la libertad de expresión. Ha sido una de las banderas de lucha histórica de nuestro movimiento y uno de los compromisos más sagrados de este gobierno, de que existan en todo momento la libertad de expresión que está garantizada desde su artículo sexto y séptimo constitucional”, concluyó.
Cabe recordar que la conocida como Ley Ingrid establece sancionar a quienes filtren, compartan o publiquen imágenes o información de temas que están en investigación. Su nombre está dedicado a la joven Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio en 2020 y de cuyo cadáver, medios de comunicación, publicaron imágenes.