Este 7 de septiembre se cumplirán 3 meses de huelga en la mina de Peñasquito (Zacatecas), propiedad de la estadounidense Newmont Corp., sin que el gobierno de López Obrador se haya esforzado para interceder y solucionar la situación, pese a las implicaciones negativas que el cese de actividades está generando, no solo para la empresa, sino para el país en general.
En medio de una coyuntura política dominada por la precontienda electoral, algunos temas relevantes para el desarrollo económico de México han sido profundamente descuidados, entre ellos el caso de Newmont.
La huelga estalló el pasado 7 de junio, tras la exigencia de dos mil integrantes de la sección 304 del sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, para que Newmont les entregara el 20% de utilidades, y no el 10% como lo hizo la empresa (respetando lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo). El argumento de los trabajadores es que el año pasado recibieron casi el triple de recursos, entre utilidades y bonos.
Tras varios intentos fallidos de negociación, la empresa llevó el caso al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, en un proceso que podría tardar meses.
Newmont Corp. ya hizo un primer amago público sobre las consecuencias que podría tener la no resolución del conflicto, al decir que “revisarán sus inversiones en México”, ante la poca disposición por parte de las autoridades para mediar el tema y hacer vale la ley.
La situación va más allá de un conflicto laboral y es bastante preocupante por la importancia estratégica que tiene Peñasquito. Al parecer, en Palacio Nacional, desconocen que Newmont es una de las principales productoras de oro, en el mundo, y de plata, zinc y plomo, en México
Al gobierno tampoco le importa que Newmont no solo tiene presencia en Estados Unidos y México, también son propietarios de minas en Canadá, Perú y Australia, países líderes en reservas de minerales y en los cuales Newmont podría ampliar o fortalecer su producción para cubrir el volumen de minerales que está dejando de extraer en México.
En todo 2022, la mina Peñasquito fue la mayor productora de oro y plata en el país, con un total de 566 mil onzas, y 26.9 millones de onzas, respectivamente. Con el parón de actividades, hasta mediados de agosto, Newmont ha tenido pérdidas por 183.6 mdd, lo cual no solo afecta a la empresa, sino también a la dinámica industrial y económica del país.
Aunque aún no hay cifras precisas sobre el impacto en la producción de metales, la disminución en la oferta de minerales a consecuencia de la huelga podría afectar al mercado nacional e internacional, influyendo en el aumento de precios y en la disponibilidad de recursos para la industria y aquellas que dependen de la minería como fuente de insumos. Por otro lado, la falta de intervención de la 4T provocará incertidumbre jurídica, afectando la confianza en el clima de inversión en México, lo cual alejará, principalmente, a los proyectos extranjeros.
Asimismo, la inacción del gobierno de López Obrador en estos conflictos podría provocar que el sindicato de Gómez Urrutia se sienta impune para sofocar a las empresas en estados donde tienen presencia, como Sonora, por lo que este caso podría sentar un precedente para que se aplique la misma medida para frenar labores en otras minas
Sumado a esto, la posible salida de Newmont afectará la economía local y nacional, toda vez que la empresa genera hasta 5 mil empleos directos y 28 mil indirectos. Esto sin mencionar los más de 7 mdd que ha invertido en proyectos sociales, y los impuestos federales y aportaciones de seguridad social que paga anualmente, cuya cifra alcanzó los 380 mdd en 2022, junto a los aproximadamente 18 mdd que se pagan de impuestos estatales.
Ojalá el gobierno federal reconozca la importancia de Peñasquito asuma su responsabilidad como garante la legalidad para que Newmont siga operando en el país y se evite una afectación en la minería y la economía nacional.
