Marcos Pérez Esquer
Ya reflexionábamos en este mismo espacio respecto de los inconvenientes -por decir lo menos- que implica la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por la vía del voto popular. Ya decíamos que, si en ningún lugar del mundo se hace así, es por algo. Es porque se trata de seleccionar a personas con el perfil técnico, la imparcialidad necesaria, y la independencia indispensable, para ejercer la función jurisdiccional, y las elecciones populares, por su naturaleza, eliminan la imparcialidad y la independencia, y privilegian no a los mejores, sino a los más populares.
En fin, mucho se podría seguir abundado sobre el despropósito que significa esa propuesta, pero quiero abordar ahora algunos otros aspectos de la reforma al Poder Judicial de los que se ha hablado menos, pero que también devienen inapropiados.
1. Tanto la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como el senador Ricardo Monreal, han dicho que la reforma no afectará los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Esto es falso de toda falsedad. Primero, porque de entrada se afectarán los derechos de los aproximadamente 1,600 jueces, magistrados y ministros que en automático serán removidos de sus puestos, para elegir a otros en las urnas; y segundo -y más importante aún-, porque la gran mayoría de los funcionarios del Poder Judicial, sean oficiales, actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas, etc., han iniciado un proceso dentro de la carrera judicial, mediante el cual buscan ir ascendiendo en el escalafón, aspirando a asumir, en algún momento, el cargo de jueces. Todas estas personas, que poco a poco van demostrando disciplina, conocimiento técnico, probidad, compromiso, etc., mediante su trabajo, pero también mediante su participación en programas de capacitación continua y en la aplicación de exámenes, verán truncadas de golpe y porrazo sus aspiraciones a una posición de juzgador. Claro, a menos que se conviertan en políticos, se alíen al oficialismo para ser propuestos como candidatos, y le entren a las campañas judiciales.
2. Y ya que hablamos de las campañas judiciales, déjeme comentarle que la iniciativa señala textualmente que “Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas”. Evidentemente, quien redactó esto ignora ostensiblemente el tema. No existe otro tipo de financiamiento que nos sea público o privado. Si ambos están prohibidos, entonces nada se puede hacer, ni salir a volantear, no trasladarse a un foro, ni hacer un evento o reunión, nada, porque todo implica financiamiento, así sea en especie, y así sea aportado por el propio candidato. En las elecciones normales, un candidato que se mueve en su propio vehículo, por ejemplo, tiene que computar lo que costaría rentar ese vehículo, y sumar eso como una aportación privada en especie, es decir, todo, absolutamente todo, cuenta como financiamiento; no hay manera de hacer campaña sin incurrir en algún tipo de financiamiento, sea público o privado.
3. Se plantea que los partidos políticos no podrán participar en las campañas judiciales, pero la fecha de estas elecciones coincidirá con las elecciones generales. Esto no solo llevará a que ambos procesos se contaminen mutuamente, sino que irremediablemente terminará por involucrar de facto a los partidos.
4. Inquietante también, es la intención de asegurar una justicia expedita, estableciendo un plazo máximo de 6 meses para resolver los asuntos. Inquieta porque, pareciendo una buena idea, lo cierto es que, si hoy hay rezago, es por la falta de personal. México es de los países que menos jueces tiene por cada 100 mil habitantes. Los jueces que tenemos, traen en sus espaldas una gran carga de trabajo, y nada se plantea en la iniciativa respecto de esto, ni más personal, ni más presupuesto, ni nada; de hecho, se plantea reducir el número de ministros de once a nueve. Y por otra parte, se crea un Tribunal de Disciplina Judicial, que, teniendo noticia de que un juzgador no resolvió en seis meses, lo sancionará. Es decir, habrá menos personal, menos presupuesto, y también menos tiempo para resolver, so pena de ser sancionados. La espada de Damocles permanentemente sobre la cabeza de los jueces.
En la próxima entrega hablaremos de un quinto aspecto preocupante, el que tiene que ver con prohibir la suspensión en controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo en los que se impugnen normas generales.