El Gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la denominada Ley SB4 (Senate Bill 4), también llamada Ley de Inmigración de Texas, que criminaliza la inmigración indocumentada y detona una nueva carrera racista contra la comunidad latina, incluso contra la que reside legalmente en ese Estado.
Así, la ley afecta a los inmigrantes indocumentados al criminalizar hasta con 20 años de prisión esa condición, la cual no tendría por qué ser considerada algo más que una mera falta administrativa, más nunca un delito, ya que migrar es, en esencia, un derecho humano; y les afecta también porque propicia la separación de las familias, y permite a la policía estatal detenerlas discrecionalmente, violando ostensiblemente sus derechos y libertades.
Pero no solo perjudica a inmigrantes indocumentados, sino a las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, ya que la ley hace escalar el nivel de las hostilidades racistas contra esa comunidad, al promover que la policía arreste a estas personas solo por su apariencia -por su fenotipo-, si las considera “sospechosas” de haber cruzado la frontera sin documentos.
Afortunadamente, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, suspendió -por el momento-, la vigencia de esta polémica ley, pero la última palabra aún está lejos de pronunciarse, y además, la Ley SB4 no es la única medida xenófoba contra los migrantes que se ha desplegado en el contexto electoral que tiende a polarizar a la sociedad norteamericana azuzada por el discurso populista de Trump.
Como sea, este no es sino un nuevo capítulo de una política añeja que se remonta a la época de la abolición de la esclavitud en que proliferaron, entre 1876 y 1965, las leyes segregacionistas conocidas primero como Códigos Negros (Black Codes), y después como Leyes Jim Crow, leyes estatales y locales que se utilizaban como mecanismos de control social “racializado”, facilitando el encarcelamiento de la población negra que luego era “arrendada” por el sistema penitenciario a las empresas, para ponerla a trabajar literalmente hasta la muerte. De esta manera, las leyes de segregación racial funcionaron por mucho tiempo como un sistema sustituto del sistema esclavista.
En la medida que avanzó la lucha por los derechos civiles, estas leyes se fueron moderando paulatinamente decantándose más por la segregación racial que por la explotación, creando una suerte de apartheid justificado por la política conocida como: “separados pero iguales”.
La aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, puso fin a las leyes Jim Crow, sin embargo, los esfuerzos por mantener un sistema racista de segregación siguieron, y trajeron como consecuencia dos cosas:
Primero, el fenómeno del encarcelamiento masivo de negros y latinos provocado por leyes diseñadas para facilitar la criminalización de estas poblaciones; y
Segundo, el fenómeno de la “crimmigration”, término que alude a la idea de fusionar la lógica de la ley criminal, con la de la ley de migración, es decir, alude a la idea de criminalizar la migración.
Estos dos fenómenos se apuntalaron mediante la privatización del sistema penitenciario que dio lugar a lo que se conoce como “complejo industrial carcelario”, un conjunto de empresas que incluye operadoras de cárceles privadas, como GEO Group y Civic Corp, y a toda una red de proveedoras, que generan ingentes ganancias económicas en la medida en que la población penitenciaria es mayor, lo cual provoca un sesgo en el sistema penal que facilita las aprensiones.
Cinco leyes consolidaron todo este entramado: 1) la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, de 1986; 2) la Ley Contra el Abuso de Drogas, de 1988; 3) la Ley de Migración, de 1990; 4) la Ley Antiterrorista y Pena de Muerte, de 1996; y 5) la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, de 1996.
La primera de estas leyes criminalizó la contratación de trabajadores indocumentados, la segunda facilitó la deportación por posesión de mariguana, mientras que la últimas tres, ampliaron paulatinamente la lista de delitos que ameritan prisión y deportación, consolidando así la criminalización de la población migrante (es decir, la crimmigration).
La SB4 no es sino una muestra más de ese tufo racista, antiinmigrante y xenófobo, que sigue impregnando a cierto sector de la población estadounidense.