En México no sólo las decisiones presidenciales generan incertidumbre en el sector empresarial. Un tema que acecha a la industria desde hace años es la inseguridad, asunto que ha adquirido mayor notoriedad como uno de los pendientes para garantizar el crecimiento comercial y el desarrollo de cadenas de valor.
Al respecto, las principales cámaras de comercio a nivel nacional (Coparmex, CCE, Concanaco, Canacar y Concamin) han pedido al gobierno federal su intervención, señalando que, sumado a la pérdida de vidas humanas, la inseguridad provoca incertidumbre para las familias, disminución de confianza, cierre de negocios y perjuicios económicos, al mismo tiempo que incrementa los costos de operación y producción del sector industrial.
La minería es una de las muchas industrias golpeadas por la inseguridad. A finales del 2022, la Cámara Minera de México (Camimex) informó que las empresas mineras tuvieron que incrementar entre el 5 y 10% de su presupuesto en seguridad privada. Además de que, en semanas recientes, mineras canadienses han denunciado ser víctimas de extorsión en estados como Zacatecas, Guerrero, Durango y Sonora. Ante esto, la respuesta de la 4T ha sido ampliar la presencia de elementos de seguridad, particularmente de la Guardia Nacional, así como la creación de la Policía Minera, que en entidades como Chihuahua continúa en capacitación, sin que hasta el momento se haya informado sobre los impactos o resultados de su operación.
Pese a estas medidas, el índice de violencia continúa en aumento. En el caso de Sonora se encuentra dentro de las 10 entidades con mayor personal militar, además de presentar una tasa alta de homicidios, casi el doble del promedio nacional, sin olvidar que en el estado los principales cárteles están en plena disputa del territorio.
Los principales delitos que afectan al sector industrial sonorense son: extorsión, robo y secuestro. También son un gran problema los enfrentamientos entre grupos criminales por el control de las plazas y rutas de tráfico de drogas, así como la lucha por los recursos naturales de la zona.
En este contexto, la lucha contra el crimen organizado debería ser una prioridad no solo para el gobierno federal, sino también para el estatal. La protección del desarrollo industrial debe ser prioritaria para el gobierno sonorense, y esto implica priorizar a industrias como la minera, que es uno de los motores económicos de la entidad y que en los próximos años podría posicionar a Sonora como un referente mundial por el litio.
Para muestra de lo que podría suceder si no se buscan acciones concretas contra los grupos criminales, veamos el caso de otros países.
Colombia, Chile y Perú hace tiempo han padecido de los estragos del crimen organizado y su influencia en la industria minera, específicamente con el surgimiento de grupos de minería ilegal. Recientemente, el problema se agudizó en Colombia, donde, a la fecha, su gobierno enfrenta una situación que ha puesto en duda la efectividad de la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro.
Y es que, en los últimos días, trabajadores mineros, supuestamente manejados por el grupo criminal llamado “Clan del Golfo”, se han manifestado en contra de las operaciones del Ejército y la policía para erradicar la minería ilegal. Los mineros han ocasionado bloqueos y destrozos a la infraestructura pública, además de paralizar algunas regiones del país.
Autoridades e industria han llamado al diálogo, de manera que puedan establecerse acuerdos que favorezcan a los trabajadores que se dedican a la pequeña minería y se les garanticen sus derechos e ingresos. No obstante, analistas también consideran que el Clan del Golfo está utilizando esta vía como presión para llegar a una negociación con el gobierno colombiano.
En México, aunque la inseguridad en la industria minera a causa del crimen organizado es un tema que apenas se menciona, las empresas no están exentas de que, en un futuro, grupos criminales pretendan presionar a través de ellas a los gobiernos, tomando en cuenta la importancia que cobrará el sector en los próximos años.
En este sentido, si bien las cámaras empresariales y las compañías mineras han denunciado la presencia de estos grupos criminales y sus delitos, valdría la pena un esfuerzo bien organizado a nivel industria para visibilizar la magnitud del problema y exigir una estrategia inmediata y eficaz por parte de las autoridades que vaya más allá de aumentar la presencia de cuerpos de seguridad. De ello depende el correcto funcionamiento del sector industrial y, principalmente, de uno de los motores económicos del país y tan importante para otras industrias, como es la minería.