A seis años de la desaparición de estudiantes en Iguala, Guerrero, la Fiscalía General de la República, FGR, ha emitido 25 órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales e intelectuales.
De los hechos sucedidos en 2014, entre el 26 y 27 de septiembre, se han hecho arrestos de militares y policías federales.
Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Ayotzinapa hizo el anuncio este día, cuando se cumplen 6 años de la masacre que ha sonado en el mundo; informó además que entre los prófugos se encuentran funcionarios y exfuncionarios de la antigua PGR.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se han otorgado órdenes de detención de militares que se harán efectivas. “El que haya participado y se demuestre va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento”.
La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes mantiene a las familias en la desesperación, pero detener y ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tiene una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente ha hecho de las fuerzas armadas.
La madre de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, María Martínez, pidió al gobierno “que apriete un poquito más” la velocidad de los procesos, porque los familiares están “locos de dolor” después de 6 años de incertidumbre, pero dijo que seguían dándole un voto de confianza.
Cabe señalar que en la víspera, Vidulfo Rosales, abogado del movimiento de los padres de los 43 normalistas, aseguró que se ha avanzado en las investigaciones pero no con la suficiente celeridad como corresponde a tantos años transcurridos.
El 26 de septiembre de 2014 policías locales de la ciudad de Iguala, en Guerrero, capturaron a los estudiantes en esa localidad, con la participación de otras corporaciones de seguridad y de miembros de la delincuencia organizada. Después los estudiantes desaparecieron.
Foto: altonivel.com.mx
La considerada “verdad histórica” por parte del gobierno del ahora expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que los jóvenes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula; y responsabilizaba al crimen organizado de tirar sus restos a un río cercano, pero la versión fue descartada porque los autores confesos fueron torturados.
Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general, consideró probado el “encubrimiento generalizado” de la verdad que hizo el gobierno anterior, que según dijo, cometió detenciones arbitrariamente y torturó de forma masiva.
El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo y al que se considera uno de los mayores responsables de tal encubrimiento es Tomás Zerón, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Federal al que se busca por tortura y ocultación de desaparición forzada.
Gertz Manero afirmó que además de buscar a Zerón por ser el “vocero oficial y principal orquestador” de las “mentiras y falsedades” del gobierno anterior, “cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR” con la “anuencia de sus superiores” y “como pago por sus infamias”.
Fuente noticieros.televisa.com
