La presidenta Claudia Sheinbaum expuso que se han comenzado a promover una serie de amparos en contra del programa Vida Saludable, el cual pretende erradicar la venta de comida chatarra en las escuelas de todo el país.
En el marco de la otorgación de suspensiones definitivas que detienen, por tiempo indefinido, la prohibición de la venta de comida chatarra en escuelas públicas y privadas, la presidenta de la República condenó que haya algunos jueces que estén otorgando amparos contra un programa que tiene como objetivo proteger la salud de los estudiantes.
Al respecto, Sheinbaum Pardo llamó al poder judicial a poner, por encima de todo, la salud de las y los mexicanos, poniendo énfasis sobre todo en las infancias mexicanas.
También, consideró inaudito que jueces vayan contra el artículo cuarto constitucional, que garantiza el derecho a la salud y otorgan amparos que se han promovido principalmente en preparatorias y universidades; por lo que adelantó que pedirá al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que informe sobre lo que está sucediendo.
Pero, ¿Quién se encuentra detrás de estos amparos?
La medida implementada como parte de una estrategia para promover una Vida Saludable, ha sido impugnada en distintos frentes. Universidades, como la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), inicialmente obtuvieron suspensiones provisionales, pero posteriormente decidieron desistir de sus recursos legales.
Los jueces que presentaron estos trámites argumentaron que la restricción no es una medida efectiva para garantizar una alimentación saludable en menores de edad, pues en el nivel universitario la mayoría de los estudiantes son adultos y no están sujetos a una tutela estatal especial.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) intentó impedir las suspensiones, argumentando que la restricción busca fortalecer una cultura de prevención y mejorar la salud, especialmente entre la niñez y la adolescencia. Sin embargo, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa determinó que prohibir la venta de ciertos productos a mayores de edad dentro de instalaciones educativas no tiene justificación constitucional.
Además, 13 empresas de distribución y de comercialización de alimentos también han buscado la protección de la justicia, el caso más significativo es el de Maison Kayser, que tiene instalaciones en universidades como el Tec de Monterrey y la Ibero en la Ciudad de México.
Maison Kayser logró que un juez le concediera una suspensión para no aplicar las nuevas reglas que entraron en vigor el 29 de marzo y poder vender así sus productos a los alumnos mayores de edad. La decisión fue confirmada por un tribunal colegiado.
Los magistrados de dicho tribunal señalaron que “en caso de que en las instituciones educativas se encuentren en el mismo plantel educandos pertenecientes a la educación superior y a la educación media superior, corresponderá a quien comercialice los productos tomar las medidas necesarias con el fin de no infringir la normatividad cuestionada”.
Otro asunto es el impulsado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes “Plutarco Elías Calles”, la cual alegó ante un juez y posteriormente en un tribunal que no pretende ir en contra del derecho a la salud de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, pues es un derecho protegido por el estado.
Al respecto, medios de comunicación han registrado que al menos 17 amparos han sido promovidos en contra de este programa, la mayoría de estos impulsados por empresas distribuidoras y comercializadoras de productos chatarra. Entre ellas destaca:
Alianza Nacional De Pequeños Comerciantes, Embotelladoras Bepensa, Cámara Nacional De La Industria de Restaurantes Y Alimentos Condimentados, Sociedad Anónima “Jumex”, Y La Refresquera Internacional S.A. De C.V.
Finalmente, Liliana Bahena, coordinadora del programa Mi Escuela Saludable acusó que empresas filiales de Coca-Cola también están detrás de los amparos presentados contra los nuevos lineamientos para eliminar la comida chatarra de las escuelas, tanto públicas como privadas, y explicó que estos amparos no son una novedad, ya que las industrias alimentarias han obstaculizado durante años cualquier intento de regular los ambientes escolares.