Una jueza de control vinculó a proceso, este 7 de marzo, a cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán en el periodo 2015-2021, detenidos el pasado 1 de marzo por su presunta implicación en el desfalco de más de 3 mil 400 millones de pesos a dicho estado durante la administración de Aureoles, actualmente prófugo.
Tras una audiencia que se prolongó casi 22 horas, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente Patricia Sánchez Nava emitió la vinculación a proceso contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes permanecerán en prisión preventiva por los presuntos delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Durante la diligencia, la juez de control analizó y desestimó peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas presentados por la defensa de los imputados para desvirtuar las acusaciones realizadas por la Fiscalía General de la República, la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia y determinó un plazo de tres peses para desarrollar la investigación complementaria.
Los abogados defensores de Delgado Murillo, Villegas Pineda y Bernal Bustamante solicitaron una audiencia para modificar la medida de prisión preventiva oficiosa; por su parte, Carlos Maldonado permanecerá en la penitenciaría de Santa Martha bajo este recurso debido a razones de salud.
Silvano Aureoles y los exfuncionarios son acusados por daño patrimonial al estado de Michoacán debido a la construcción de cuarteles policiacos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, que sirvieron para realizar actos de desvíos de recursos y fraude.
Rechazan acuerdo reparatorio
Los abogados defensores de los cuatro excolaboradores de Aureoles ofrecieron a la jueza de control llegar a un acuerdo reparatorio para resolver este conflicto penal y evitar ser vinculados a proceso, para lo cual, los imputados debían declararse culpables de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La defensa de Elizabeth Villegas indicó que el 19 de noviembre de 2024 la empresa Inmobiliaria DIP, responsable de la construcción de los cuarteles, logró un acuerdo reparatorio con el Gobierno de Michoacán por 900 millones de pesos para resarcir las irregularidades cometidas y afirmó que su cumplimentación debía beneficiar a los imputados desestimando las acusaciones en su contra. No obstante, la Contraloría de dicha entidad señaló que la compañía no ha cumplido con los requerimientos establecidos en dicho acuerdo, por lo que la jueza Patricia Sánchez Nava rechazó el argumento y ordenó la vinculación a proceso.
