El Pleno de la LXIII legislatura en Sonora aprobó por mayoría modificar el andamiaje jurídico sobre el que se erigen las instituciones de Sonora, esto es para generar un equilibrio entre los poderes tradicionales y los que son constitucionalmente autónomos.
Esta fue la propuesta que hicieron los legisladores de Morena, PT, Nueva Alianza, PVEM y del PES.
La propuesta de esta reforma contiene una visión democrática en la que impera el fortalecimiento de las mismas instituciones, con la intención definitiva de lograr la convergencia entre los poderes del Estado, con una clara separación de los mismos y, sobre todo, generar un equilibrio entre estos.
En la sesión ordinaria que se llevó a cabo el pasado jueves se aprobó de manera unánime otra ley que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Sonora, iniciativa que presentó la diputada Natalia Rivera Grijalva, a efecto de establecer la figura de Parlamento Abierto en el Congreso del Estado de Sonora.
La Presidencia reservó para cuando se integren las comisiones dictaminadoras, una iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN, con proyectos de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, y de ley de fiscalización y rendición de cuentas, con el fin de que sea abrogada la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora.
Mientras que la diputada Ernestina Castro leyó una iniciativa con proyecto de ley para reformar y derogar disposiciones de la Constitución local a nombre de los grupos parlamentarios de Morena, del Trabajo, de Nueva Alianza Sonora, del Verde Ecologista de México y de la representación parlamentaria del Partido Encuentro Solidario.
Expuso que uno de los puntos que contiene el proyecto es generar una homologación al procedimiento establecido en la Constitución General de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de objetar el nombramiento realizado para integrar el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya que actualmente, el Poder Ejecutivo estatal es el que emite la convocatoria y selecciona a sus integrantes, para posteriormente someterlo a la aprobación del Poder Legislativo.
La propuesta aprobada es que sea el Congreso del Estado el que emita la convocatoria y lleve cabo el proceso de selección de las ciudadanas y ciudadanos que habrán de integrar el ISTAI, nombramientos que podrá objetar el titular del Poder Ejecutivo en el Estado.
También se aprobó dentro de la Ley que modifica la máxima norma jurídica del Estado, restablecer la facultad de fincar indemnizaciones a los responsables para la recuperación de daños y perjuicios que afecten al erario, sin perjuicio de promover las responsabilidades administrativas que resulten ante el órgano de control interno, mientras que para dotar de mayor autonomía a las fiscalías especializadas, será la ciudadanía, mediante la asamblea de representantes populares, la que designe a las o los titulares referidos, facultad que actualmente tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La ley prevé que se elimine la sala especializada en materia anticorrupción y de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa porque responde a innecesaria burocracia.
Otra de las disposiciones que se modifican en el proyecto es la relativa a la remisión del proceso de suspensión de ayuntamientos, la declaración de desaparición de los mismos y la revocación de mandato de algún miembro, mientras que en lo referente a las cuentas públicas, el Congreso podrá conocer, revisar, aprobar y no aprobarlas.
También se reformó la fracción XXXI del Artículo 64 de la Constitución, ya que se considera que ha estado sujeto a una serie de modificaciones que responden a coyunturas políticas, de manera que “es imperativo eliminar de la Constitución local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo, mediante la imposición de mecanismos elevados a rango constitucional en detrimento de la Asamblea de Representantes Populares”, señala.
Al someter a votación este proyecto de ley, fue el grupo del PAN el que votó en contra; el diputado Ernesto Munro señaló que los cambios a la norma jurídica del Estado no son urgentes y que se analizará a fondo pues se trata de legislar a vapor sin realizar ningún estudio a fondo.
La segunda Ley aprobada que reforma y adiciona el Artículo 29 de la Constitución local establece en la exposición de motivos que el modelo de parlamento abierto del Congreso del Estado será una nueva visión de los diputados locales, para hacer del Poder Legislativo un espacio de participación ciudadana, con políticas de datos abiertos y donde se atiendan las solicitudes de la ciudadanía, y se proporcione la información que requieran de forma sencilla.
La diputada Natalia Rivera Grijalva dijo que de esta manera se garantiza la apertura de la información sobre el ejercicio presupuestario, con información accesible sobre la actuación de cada legislador, y al mismo tiempo dar a conocer la labor legislativa, así como sus procesos y beneficios a la sociedad.
“El ejercicio del Poder Legislativo del Estado se depositará en una Asamblea de Representantes del Pueblo, denominada ´Congreso del Estado de Sonora´, el cual actuará como Parlamento Abierto y se regirá por los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y el uso de tecnologías de la información”, establece la reforma aprobada, a la cual se le hizo una adición en el texto, a propuesta de la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes. La Ley será enviada a los 72 municipios para su análisis y aprobación.