“Tirititito”, decía el comentarista deportivo, “El Perro” Bermúdez, cuando habiéndose perfilado un futbolista para realizar un golazo, o al menos un tiro potente, terminaba haciendo un intento leve, a las manos del portero, casi ridículo.
Así pasó estos días con el presidente López Obrador cuando, tras varios días de amenazar con que el 5 de febrero presentaría un paquete de iniciativas que perfilaba como “la gran reforma”, terminó enviando una incongruente revoltura de temas.
Algunos de ellos “refriteados” de iniciativas anteriores que ya se habían rechazado; otros, son un grupo de aspectos que en realidad ya están contemplados en el marco legal; están también un conjunto de nimiedades que ni por asumo deberían tener nivel constitucional, y por último están un par de temas de relevancia, pero que su aprobación implicaría una enorme concentración de poder en la persona del presidente, y por ende resultan claramente intransitables. Pero vamos, por partes.
1. En el primer grupo, en el de los “refiritos”, detecto tres proyectos: a) está la reforma eléctrica, ahora más modestamente presentada, en la que propone que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado, y vuelva a ser una empresa estratégica del Estado, lo que implica, entre otras cosas -así dicho expresamente en la iniciativa-, que ya no se rija por las “mejores prácticas”, ¡así como lo oye! Pero resulta que esta reforma, o al menos las más pretenciosa presentada antes, ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte y echada para atrás; b) Otra es la de adscribir la Guardia Nacional a la SEDENA, esta propuesta también fue declarada inconstitucional por el más alto tribunal del país, y, c) la reforma electoral, que ya fue rechazada por el Congreso en su versión “Plan A”, y por la Suprema Corte en su versión de “Plan B”. ¿Qué por qué el presidente insiste en estas cosas? Pues seguramente porque quiere meter ruido en la campaña electoral, pero sabe perfectamente que esos proyectos no tienen ningún futuro.
2. Un segundo grupo, el de las cosas que ya están contempladas en el marco jurídico, se compone por propuestas como: a) el derecho la vivienda, que existe ya desde hace décadas; ahora el presidente quiere que el Infonavit vuelva a ser constructor de casas, cuando ese esquema ya existió en los años 70s y fue un rotundo fracaso; b) el derecho a la salud, que también lo consiga la Carta Magna desde hace décadas, y no se diga el del derecho de los pueblos indígenas que está en el artículo 2 constitucional desde que ahí fueron recogidos los Acuerdos de San Andrés Larraínzar hace más de cuarto de siglo; c) elevar a nivel constitucional programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que, evidentemente, ¡ya existen!, y por cierto, ambos han sido un saqueo a la Nación.
3. El tercer grupo, incluye todo aquello que no tendría por qué estar en la ley fundamental, como: a) reducir de 68 a 65 años la edad mínima para acceder a la pensión no contributiva de adultos mayores, para lo cual no es necesario hacer reforma alguna, bastaría que el Ejecutivo así lo instruyera y punto, de hecho, debería bajar el umbral a 60 años; b) prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores, que es de lo más conservador que puede haber, y viola tajantemente el libre desarrollo de la personalidad, ahora resulta que se puede fumar mariguana, pero no cigarrillos electrónicos o vapeadores, ¡hágame usted el favor!; c) agrandar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, eso sí está en otro nivel, quiere agregar el uso ilícito del fentanilo (o sea que habrá un uso lícito y otro ilícito, ¿para qué subirlo a la Constitución si finalmente será la ley la que lo disponga?), y la defraudación fiscal (que huele a terrorismo fiscal); lo cierto es que ni siquiera la figura de la prisión preventiva oficiosa debería estar en la Constitución, de hecho, hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron a México a eliminarla de nuestra Carta Magna.
4. Por último, está el grupo de los asuntos importantes pero que por ningún motivo deben aprobarse, contiene sustancialmente dos temas: a) la reforma judicial que pretende que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, que es una barrabasada porque los juzgadores deben ser personas con perfil técnico, aunque no sean populares, y por supuesto, nunca debe parcializarse, lo que sin duda ocurriría bajo el modelo propuesto; b) eliminar los órganos constitucionalmente autónomos, otra pésima idea que solo debilitaría los contrapesos y concentraría el poder en las manos del autócrata.
En fin, al final del día fue mucho ruido, pero pocas nueces. Como diría “El Perro” Bermúdez, el presidente nos salió con un “tirititito” nomás.
