Algunas de las peores crisis económicas que ha vivido México han tenido que ver con el mal manejo de la deuda pública. Baste recordar la que se generó cuando López Portillo endeudó excesivamente al país bajo la lógica de que ese dinero se invertiría en una infraestructura petrolera generadora de riqueza que compensaría con su financiamiento. Llegó a pedir a las y los mexicanos que nos preparáramos “para administrar la abundancia”. Y nada, los precios del petróleo se vinieron abajo, y nos quedamos colgados de la brocha. Sobrevino una gran crisis que se llevó entre las patas buena parte del patrimonio de las familias mexicanas.
Después vinieron otras crisis, a veces por razones internas, a veces por razones externas, pero aprendimos, a golpes de experiencia, que un manejo imprudente de la deuda pública siempre puede detonar o empeorar la situación.
Habiendo escarmentado, en las dos últimas décadas México ha sido razonablemente responsable con este aspecto de las finanzas públicas; hace mucho que no escuchamos noticias preocupantes relacionadas con la deuda, sin embargo, parece ser que ya se nos empieza a olvidar, porque el gobierno actual, el que juró que no endeudaría al país, ha decidido hacerlo, y en grande.
Ya desde el año pasado, cuando el presidente de la República presentó ante el Congreso de la Unión un paquete económico para 2023 en el que solicitaba autorización para contratar deuda por 1.2 billones de pesos, se prendieron las primeras alertas. Llamaba mucho la atención porque el presidente había sido renuente al endeudamiento incluso durante la pandemia, momento en el que, sin duda alguna, habría resultado razonable asumirla para enfrentar la emergencia y apoyar a la gente, los empleos, los negocios, la inversión en medicinas, equipamiento de salud, personal médico, etc. Pero no, incluso en ese momento tan crítico, el presidente prefirió no contratar empréstitos.
Sin embargo, en 2023, una vez superada la pandemia (pésimamente gestionada, por cierto, pero superada al fin), ya no hacía tanta lógica endeudar al país, pero lo hizo, y llevó el monto de la deuda pública a los 15.1 billones de pesos.
Para 2024, de nuevo, el Ejecutivo solicitó al Legislativo permiso para una nueva deuda, esta vez por la friolera de 1.9 billones de pesos, una cantidad nunca antes autorizada. Dos de cada diez pesos del presupuesto de egresos provendrán de la deuda. Así, la deuda alcanzará los 17 billones de pesos, esto es casi 500 mil pesos por cada familia mexicana. Cada vez que nazca un nuevo mexicano, lo hará cargando ya con una deuda de 130 mil pesos.
Cuando López Obrador inició su mandato en 2018, la deuda pública representaba 44.9 puntos del PIB, y ahora alcanzará los 49.8, ¡la mitad del tamaño de toda nuestra economía! Mientras que, por otro lado, la recaudación caerá un 24% respecto de 2023. Es decir, los ingresos propios caerán estrepitosamente, pero se echará mano del endeudamiento para: 1) sacar adelante las obras emblemáticas, que están costando mucho más de lo que se pensaba, ya que la refinería de Dos Bocas, por ejemplo -que sigue sin refinar un solo litro de gasolina-, que iba a costar 146 mil millones de pesos, ya va en 276 mil millones, y el Tren Maya, que costaría 137 mil millones, ya va en 500 mil millones de pesos, un 264% de sobreprecio; y 2) para dilapidar en programas y gasto corriente, en un año electoral.
Y esto último, lo de usar la deuda para sufragar gasto corriente, además de ser insensato -financieramente hablando-, es ilegal. La Constitución indica, en el apartado 1º, fracción VIII del artículo 73, que “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, […] los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República…”. La Ley Federal de Deuda Pública, por su parte, en sus artículos 4º y 18, también exige que toda deuda sea aplicada a proyectos productivos, y resulta ser que, el año que entra, la suma total de gasto productivo, será de 888 mil millones, es decir, menos de la mitad de la deuda, lo que significa que más de un billón completito, será usado en gasto corriente.
Además, siguen despilfarrando los fideicomisos que quedan, y han hecho una reforma para poder disponer de otros activos financieros del gobierno a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.
En resumen: incremento de la deuda, caída de los ingresos propios, y pérdida de los ahorros. Están cocinando el caldo de cultivo para una nueva crisis.
