Las intervenciones del crimen organizado en los procesos electorales de América Latina tienen una historia documentada de por los menos 50 años.
El caso más estudiado es Colombia, donde existe evidencia de esa injerencia por lo menos desde 1985 a 2022,en la campaña presidencial donde participó el ahora presidente Gustavo Petro.
Como lo señala José Meléndez, las 13 últimas administraciones presidenciales de Colombia vivieron, de una u otra manera, la intervención del crimen organizado en los procesos electorales (El Universal, 23.08.13).
El 8 de agosto de 2023, el crimen organizado asesinó a Fernando Villavicencio uno de los candidatos a la presidencia del Ecuador.
En Crimen organizado en las Américas: Evolución reciente, amenaza a la democracia y agenda básica de política pública, de Edgar Gutiérrez, que fue canciller de Guatemala, se analiza esta realidad.
Gutiérrez señala tres elementos, de carácter tendencial, que dan cuenta y caracterizan el arraigo del crimen organizado en los países de la región:
1. No pretende sustituir al Estado nacional sino aprovechar sus debilidades, para asegurar sus negocios e influencia. Se propone también debilitar el Estado de derecho.
2. Busca neutralizar la lucha contra la corrupción y sabotear la cooperación internacional en esa materia. La acción de los criminales afecta toda la vida social.
3. Tres pasos para asentarse en el territorio: eliminar por la violencia a sus rivales; vía la influencia política, resultado de la corrupción, incrementa su poder y ganancias; la interdependencia entre gobierno y crimen organizado construye una nueva realidad institucional y simbólica.
En 2022, al término de su mandato, Juan Hernández, presidente de Honduras, fue extraditado a Estados Unidos acusado de colaborar con el crimen organizado, de manera particular con el Cártel de Sinaloa.
Antes que él, por la misma razón, en 1990 había sido extraditado el presidente de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, que gobernó de 1988 a 1989. Estaba relacionado con el Cártel de Medellín. En diciembre de 1989, Estados Unidos invadió Panamá.
En el caso de México desde hace años está documentada y denunciada la intervención del crimen organizado en procesos electorales municipales y a partir de 2018 también en los estatales.
De cara a 2024, el INE considera que la violencia, entendida como “una conducta de agresión o amenaza que atenta contra la integridad física de las personas precandidatas o candidatas representan un riesgo para la equidad en la contienda”, y pide que los medios informen de estos hechos con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia.
La violencia del crimen organizado puede influir en el resultado de una elección, pero también la alianza entre el gobierno o un partido con los criminales sin que medie la violencia sino se utilicen otros medios.
El INE, el TEPJF, los gobiernos, el partido en el poder, los partidos de la oposición y las y los candidatos deberían abrir mesas de diálogo, para ver cómo frenar, es algo que se va a dar, la participación del crimen organizado en la elección de 2024.
