El Pleno del Congreso de Sonora aprobó las minutas de reforma constitucional en materia de vías férreas, así como en áreas y empresas estratégicas. Además, designó al ciudadano Mauricio Ignacio Ibarra Romo como Fiscal Especializado en Materia Anticorrupción, autorizó al Poder Ejecutivo un presupuesto para obra pública y turnó una iniciativa a comisión.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) dio lectura a la iniciativa presentada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que reforma la Constitución federal para otorgar al Estado mexicano la capacidad de utilizar las vías férreas para el servicio público de transporte de pasajeros.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó la minuta de reforma constitucional mediante la cual el Estado recupera el control de sectores y empresas estratégicas. La modificación asegura la autosuficiencia energética y la rectoría estatal sobre la explotación del litio; asimismo, diversifica el servicio de internet para la población. Ambas minutas fueron aprobadas por mayoría.
A nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora (NAS), el diputado César Adalberto Salazar López presentó una iniciativa de reforma de la Ley de Educación del Estado de Sonora con el objetivo de incluir en los planes de estudio de educación básica el cuidado y uso responsable del agua. El tema fue turnado a la Comisión de Educación y Cultura para su análisis y, en su caso, dictaminación.
A propuesta de las y los diputados integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en voz de la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), se aprobó por mayoría la propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal para designar a Mauricio Ignacio Ibarra Romo como nuevo fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).
La diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) dio lectura al dictamen de la Comisión de Hacienda mediante el cual se autoriza al Ejecutivo estatal la ejecución del Plan de Obra Pública Multianual para la edificación del Tribunal Laboral en Hermosillo, con un monto total de 109 millones 994 mil pesos para los años 2024 y 2025.
Para finalizar, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) presentó un posicionamiento en relación con el aniversario luctuoso del asesinato de los campesinos de San Ignacio Río Muerto, ocurrido el 23 de octubre de 1975.