En los primeros cuatro años del actual gobierno federal han sido asesinados 79 activistas sociales y defensores de los derechos humanos, según el Comité Cerezo México.
En 2019 fueron 17; en 2020, 15; en 2021, 25 y en 2022, 22. En este último año en Oaxaca hubo 10 casos; en Puebla, 3 y en Michoacán dos. Con uno están los estados de Tlaxcala, Sinaloa, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua y Baja California.
De estos activistas asesinados 18 fueron hombres y cuatro mujeres, seis eran indígenas, seis ambientalistas, tres periodistas, una buscadora de desaparecidos, otra normalista y en cinco de los casos no se identifica su origen.
“Las ejecuciones fueron por motivos políticos, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando. Los perpetradores fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”, asegura el Comité.
Y añade que “a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores y, segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad ya que no hay castigo a los responsables, excusándose el gobierno federal en que no es su competencia el delito de homicidio, que es del fuero común”.
En todo el sexenio del gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2009) ocurrieron 67 ejecuciones extra judiciales y en el del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fueron 189. En el actual gobierno el promedio de activistas asesinados ha sido de 19.75 al año y de continuar el mismo número al fin del sexenio habría 118, el doble que en el gobierno de Calderón y menos que en el de Peña Nieto.
El Comité Cerezo plantea, con toda razón, que “la responsabilidad de proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos es del estado mexicano en su conjunto, aunque legalmente la justicia federal tendría la capacidad de atraer todos los casos de ejecución extra judicial”.
De manera particular la organización afirma que las altas tasas de ejecuciones de activistas sociales en el actual gobierno federal se deben, sobre todo, a la existencia de la impunidad que es de prácticamente en la totalidad de los casos, misma realidad de por lo menos los dos sexenios anteriores.
