Marcos Pérez Esquer
La reciente iniciativa presidencial para reformar la Ley del Infonavit ha implicado todo un albazo tanto para los trabajadores como para los empleadores, por parte de un gobierno que no se cansa de concentrar poder agandallándose ahora hasta bienes privados y sociales, como los que representa el Infonavit.
Hay que empezar por recordar que el Infonavit no es un ente del gobierno, sino tripartito, en el que participan representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores en proporciones iguales. Se financia de las aportaciones que hacen esos tres sectores, y aunque el financiamiento mayor proviene de los empleadores, los tres cuentan con representaciones igualitarias en sus órganos de dirección y vigilancia. De hecho, no existe partida alguna en el Presupuesto de Egresos de la Federación en beneficio del Infonavit, por lo que, la participación del gobierno en el instituto obedece solamente a la intención de que exista un elemento mediador entre trabajadores y patrones.
Pues bien, en aras de mejorar el funcionamiento del instituto, recientemente se hizo una reforma constitucional para abordar dos aspectos: 1) Ampliar sus facultades para que realice construcción de manera directa, y no solo financiarla, es decir, convertir o regresar al Infonavit, a la condición de constructora de vivienda como lo era en los años 70s; y 2) Implementar un modelo de arrendamiento social por el cual el Infonavit entregue viviendas en arrendamiento a las personas trabajadoras utilizando como garantía el saldo de sus subcuentas de vivienda.
Ambas parecen ser buenas ideas, aunque tengo dudas con eso de que vuelva a ser constructora directa ya que antaño eso no funcionó, pero en fin, creo en las segundas oportunidades. El caso es que la noche del 12 de diciembre de 2024, llegó al Senado una iniciativa presidencial para armonizar la ley del Infonavit con aquella reforma constitucional. Para la mañana siguiente, ya la estaban votando en comisiones y por la tarde en el Pleno del Senado. Y la pregunta salta a la vista: ¿por qué tanta prisa?
De no haber sido porque unas horas antes la Cámara de Diputados ya había cerrado su periodo ordinario de sesiones, también la hubiesen votado en esos mismos días, y ya estaría publicada en el Diario Oficial, pero bueno, ahora habrá oportunidad de revisarla mejor. Y vaya que hace falta hacerlo, porque ya salió a la luz el agandalle que pretenden. Resulta que la iniciativa no solo busca armonizar la ley con la reforma constitucional, sino que aprovechan para otros dos propósitos; 1) colonizar el instituto desequilibrando las representaciones tripartitas, y 2) abrir la posibilidad de financiar la construcción de vivienda echando mano de los recursos de las subcuentas de vivienda, es decir, de su dinero y el mío, no el del gobierno.
Por lo que hace a la colonización, la reforma plantea que el director general ya no sea ratificado por la Asamblea General, sino que sea designación directa y unilateral de la presidenta de la República; transfiere la atribución de expedir el Estatuto del Instituto, de la Asamblea a la dirección general; elimina las direcciones sectoriales que son las que fungen de enlace con la dirección general en representación de trabajadores y empleadores; la integración del Comité de Vigilancia ya no será igualitario con 3 integrantes por cada sector (trabajador, patronal y gobierno), sino que ahora el gobierno tendrá mayoría de 5, versus 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores; algo similar ocurrirá con el Comité de Auditoría y con el Comité de Transparencia, que ya no tendrán 1 integrante por cada sector, sino que ahora el gobierno tendrá mayoría de 3, versus 1 de los trabajadores y 1 de los empleadores en cada uno de esos entes; elimina la exigencia de que el Infonavit se apegue a sanas prácticas financieras y la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al respecto, entre otras linduras, con las que despojan a los trabajadores de una institución que les pertenece.
Y por lo que hace a la administración del instituto, resulta que modifican el artículo 42 y otros varios, que permiten interpretar que ahora el Infonavit podrá echar mano del dinero depositado en las subcuentas de vivienda de los trabajadores, para financiar la construcción directa. Es decir, podrían utilizar ese dinero privado de los trabajadores, que a la fecha suma más de 2 billones de pesos (es decir, 2 millones de millones), y darle el uso opaco y discrecional que el resto de la reforma ahora le permitiría al gobierno de Sheinbaum.
Todo esto se aprobó en unas cuantas horas en el Senado, ya veremos qué ocurre en la Cámara de Diputados, y sobre todo, qué reacción tienen los sindicatos.
