Llamó poderosamente la atención el mensaje pronunciado por el gobernador Alfonso Durazo, en el marco del relevo del consejo directivo de la Asociación de Mineros de Sonora A.C. (AMSAC).
Y es que justamente en un evento cuyo público estaba conformado básicamente por industriales del ramo y proveedores, el mandatario estatal soltó, abiertamente, cuál sería su posición de transitar en el Congreso de la Unión la nueva ley minera propuesta por el presidente de la república.
Durazo dijo que conoce al presidente López Obrador “e invariablemente está movido por el deseo de mejorar el funcionamiento de cualquier ámbito del país, pensando en el bienestar de la mayoría de la población”.
El gobernador agregó también que es consciente que dicha iniciativa “representa un reto para la industria minera y hay que trabajar juntos para superarlo en las mejores condiciones posibles”.
Hasta allí, al parecer todo iba bien. Sin embargo, el mensaje fuerte y que dejó, literalmente, congelados a varios de los presentes, fue el siguiente:
“En cualquier caso -dijo Durazo-, con independencia de los términos en que esta iniciativa sea finalmente aprobada por el Congreso, el presidente López Obrador encontrará invariablemente en el gobernador de Sonora un respaldo absoluto a cualquier iniciativa que él presente”.
El impacto en Sonora
Vale la pena recordar también -y sabemos que de esto el gobernador Durazo es muy consciente- el impacto que la aprobación de esta ley tendría para un estado como Sonora, donde la minería aporta directamente el 15.3% del PIB estatal y a nivel nacional nuestro estado aporta el 33.8% del PIB minero (no petrolero).
Además, en esta entidad norteña el sector minero ofrece empleo a cerca de 15 mil trabajadores asegurados, cuyo ingreso promedio es de 800 pesos diarios, es decir, 24 mil pesos mensuales, más del doble del salario promedio en la entidad.
Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, es preciso recordar el caso específico de Hermosillo, que es la capital nacional de la proveeduría minera con 27 empresas dedicadas a los servicios al sector minero; por arriba de la CDMX, Chihuahua y Zacatecas.
De allí que haya generado “extrañeza” entre los asistentes lo dicho por Alfonso Durazo.
Se pronuncian sectores
Diversos sectores han levantado fuerte la voz para oponerse a la iniciativa de ley propuesta por el presidente pues, coinciden mayoritariamente, sería un retroceso para la industria minera en el país.
A través de un comunicado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, externó hoy su preocupación, ya que, si el Congreso de la Unión aprueba dicha iniciativa, se haría sumamente riesgosa o incluso quizá inviable, la inversión en actividades mineras en México. Lo anterior en virtud de que se afectarían los derechos adquiridos y el patrimonio de los titulares de concesiones mineras, así como a los titulares de concesiones de aguas nacionales para uso en minería, violando con ello derechos constitucional y convencionalmente protegidos.
El posicionamiento coloca también los puntos sobre las íes en relación con los principales perjuicios que representaría la aprobación de la ley: afectaciones a más de 70 sectores industriales que dependen de la minería; se pondrían en riesgo más de 417 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos; afectaciones al bienestar y calidad de vida de 696 comunidades ubicadas en las proximidades de operaciones mineras, por mencionar algunos.
La Tijera es un texto confeccionado con recortes que aporta el staff de colaboradores de sergiovalle.mx
Cuidado con aquel que ande descosido.