Los diputados Elia Sallard, Jacobo Mendoza, Karina Zárate, Celeste Taddei y José Rafael Ramírez solicitarán al Ayuntamiento de Hermosillo y al Consejo de Nomenclatura municipal que se quede sin efecto el cambio de nombre al Bulevar Camino del Seri.
Como se recordará, en días pasados, estas instancias aprobaron que a la citada vía ubicada al poniente de la ciudad se le cambiara el nombre por Javier Gándara Magaña, quien es expresidente municipal de Hermosillo, emanado de las filas del Partido Acción Nacional.
El Congreso del Estado de Sonora aprobó que se realice dicha solicitud a las autoridades municipales correspondientes.
Los diputados en cuestión, señalaron que la aprobación que se dio el pasado 28 de febrero, si bien corresponde al Ayuntamiento, también debe observar la legalidad y verificar que se cumplan ciertos lineamientos y requisitos.
Uno de ellos es el que señala “el Artículo 16 del Reglamento de Designación de Nomenclatura para los Bienes de Dominio Público del Municipio de Hermosillo, Sonora”.
A nombre de quienes suscriben la iniciativa, Taddei Arriola leyó ante el Pleno la propuesta en la que establecieron que, dicha autoridad municipal solo podrá cambiar la denominación de los bienes de dominio público del Municipio, previa aprobación y propuesta del Consejo Municipal de Nomenclatura, y que la solicitud del promovente contenga la firma de conformidad del 90% de los vecinos.
La diputada morenista señaló que los suscritos son representantes de los diversos distritos electorales que integran el municipio de Hermosillo y que han observado descontento entre los ciudadanos de las personas que hacen uso del bulevar, pues no fueron consultados.
En la iniciativa, que fue aprobada por mayoría, refieren que, de acuerdo al Artículo 23 del Reglamento respectivo, poner el nombre de una persona física a un bien de dominio público municipal, constituye el mayor homenaje que el Municipio y sus vecinos le otorgan, por lo que, para que pueda cumplir con la legitimidad necesaria en este tipo de actos, se requiere la certeza jurídica; que las y los ciudadanos avecindados del bien de dominio público en cuestión estén enterados en tiempo y forma y que, a su vez, hayan expresado de manera firme su consentimiento o aceptación.