-Además de que DIF Sonora active programas de rescate y atención, se propone aplicar de cuatro a 10 años de prisión y una multa de 200 UMAS a quien exponga a niñas, niños y adolescentes a trabajo infantil.
Hermosillo, Sonora; 26 de septiembre de 2024.- La Bancada Naranja, en su compromiso por el bienestar de niñas, niños y adolescentes, propuso políticas públicas para combatir y penalizar cualquier forma de trabajo infantil y mendicidad.
Los diputados de Movimiento Ciudadano integrados por Gabriela Félix y Manuel Scott presentaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, así como al Código Penal del Estado de Sonora.
“La grandeza de una nación no solo se mide en cifras, sino en la calidad de vida que le damos a quienes dependen de nosotros; en tal sentido, cuando hablamos del desarrollo de nuestro país es imposible no tomar en consideración a quienes serán los protagonistas del mañana: nuestras niñas, niños y adolescentes”, comentó Gabriela Félix.
Según el INEGI, en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años, realizaron alguna variante de trabajo infantil, 1.7 puntos porcentuales más que en 2019, lo que demuestra una tendencia al alza.
A juicio de los legisladores, estas cifras permiten entender los comportamientos estadísticos de las problemáticas sociales, más no su razón; lo que respecta al trabajo infantil obedece en parte a la vulnerabilidad de los hogares asociada a la pobreza, los riesgos y los choques económicos.
Por ello, consideraron, el Estado debe adoptar un rol activo en lo relativo a la creación de estrategias encaminadas a reducir los índices de trabajo infantil, atendiendo a las causas subyacentes que lo originan.
Propusieron que a través del DIF Estatal se supervisen las tasas de mendicidad en Sonora, así como la obligatoriedad de implementar programas constantes de atención a familias en situación de vulnerabilidad que atraviesen por circunstancias que orillen a sus hijas e hijos a buscar trabajo bajo adversidades y en condiciones peyorativas.
Con esta iniciativa, la Bancada Naranja propuso los siguientes enfoques:
1. Crear una base de datos adecuada para orientar y sustentar las políticas públicas.
2. Adoptar un enfoque integrado para abordar las vulnerabilidades de los hogares y el trabajo infantil.
3. Garantizar que los sistemas de seguridad social sean adaptados a las y los niños y adolescentes.
4. Fortalecer los marcos jurídicos y capacidades institucionales en el estado.
5. Tipificar la explotación infantil en aquellos casos donde la niñez sea expuesta a circunstancias de alto riesgo por obtener dádivas o cualquier otro fin.
Plantearon aplicar de cuatro a diez años de prisión y una multa de 200 UMAS a quien exponga a niñas, niños y adolescentes a trabajo infantil, así como de mendicidad, con el fin de obtener un lucro personal para sí u otra persona.
“Estos y otros desafíos solo podrán atenderse a través de un trabajo transversal que involucre la participación activa de todas y todos nosotros. Legislemos con un enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La aprobación de la presente iniciativa representaría un avance sin precedentes para mitigar los índices de explotación infantil en nuestras juventudes”, concluyó Manuel Scott.
