La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos aceptó revisar los argumentos de una demanda interpuesta por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses.
Esta acción legal, presentada en 2022 bajo la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el entonces canciller Marcelo Ebrard, busca responsabilizar a las empresas por su presunta participación en la proliferación de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos.
El gobierno mexicano reclama que estas compañías han facilitado, de manera intencional, la producción y distribución de armas que han sido utilizadas en actos violentos en el país, y solicita una indemnización de 10 mil millones de dólares en nombre de las víctimas del narcotráfico.
Según datos del gobierno de México, se estima que el 70% de las armas traficadas hacia territorio mexicano provienen de Estados Unidos.
La demanda acusa a los fabricantes de contribuir indirectamente a la violencia en México, al no implementar controles efectivos sobre la venta de armas, lo que ha permitido que gran parte de estas terminen en manos de grupos criminales. Aunque las compañías argumentan no ser responsables del tráfico ilegal, la decisión de la Corte Suprema de escuchar los argumentos marca un avance significativo en este caso internacional.