El jueves 4 de mayo, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto para reestructurar la deuda pública de Sonora por 2 mil 100 millones de pesos.
Dicho decreto se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día 29 de diciembre de 2022, esto fue a efecto de refinanciar y/o reestructurar la deuda pública a cargo del Estado y de las entidades que conforman la administración pública paraestatal del Poder Ejecutivo, y la contratación de deuda pública hasta por 2 mil 100 millones de pesos.
En sesión extraordinaria convocada por la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y en la que el diputado Próspero Valenzuela Múñer fungió como presidente, la Comisión de Hacienda presentó el dictamen que se elaboró con base en una iniciativa que el pasado 19 de abril remitió ante esta Soberanía el Gobernador del Estado, con la cual propuso modificar diversas disposiciones del referido Decreto número 103.
De acuerdo a los considerandos del dictamen, el titular del Ejecutivo estatal expone que su propuesta para modificar el Decreto número 103 deriva de que el Estado tiene la obligación de acreditar que, las inversiones público-productivas a ser financiadas con recursos derivados de un financiamiento garantizado con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF, cumplan con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y en la Ley de Coordinación Fiscal.
Para ello es necesario sustituir la palabra “rubro” por “proyecto” en aquellos apartados donde resulte aplicable, aunque si bien es cierto, la sustitución de dicha palabra en el Decreto en cuestión podría parecer una cuestión innecesaria, la realidad es que no solamente es una simple formalidad, sino que constituye una razón de fondo que viene a homologar los términos del multicitado Decreto con los conceptos legales establecidos en la normatividad de la materia antes mencionada, agrega.
Alfonso Durazo Montaño expuso que los presidentes de algunos municipios se replantean la intervención de las obras autorizadas atendiendo las necesidades con más demanda por la población de cada uno de los municipios, que traen consigo mayor impulso en la atención de las necesidades de infraestructura básica, por lo que solicitaron al Gobernador la modificación de algunos de los proyectos aprobados originalmente dentro del Decreto 103.
Se busca que dichos proyectos cumplan el alcance social o económico originalmente previsto, así como la normativa jurídica y técnica aplicable, además de que, para efectos de claridad, se presentó en la iniciativa una tabla con los cambios propuestos en los nombres de los proyectos y/o montos previamente autorizados, así como de aquellos que se adicionan o eliminan, y algunos deben ser sustituidos por otros que atiendan, de mejor manera, las necesidades más apremiantes de cada Municipio, establece el dictamen leído por el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza.