En un esfuerzo por fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer, la Bancada Naranja, integrada por Gabriela Félix y Manuel Scott, presentaron la iniciativa de ley para garantizar el tratamiento oportuno e integral contra el cáncer infantil como un derecho constitucional.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, estima que en México se diagnostican más de cinco mil casos nuevos cada año, y el 65 por ciento de ellos se detectan en etapas avanzadas, lo que resulta en más de dos mil muertes anuales.
Esta realidad también impacta a Sonora, donde el análisis de la situación de la primera infancia en Sonora, realizado por la Organización “Pacto por la Primera Infancia” en el 2021 revela altos índices de pobreza y desnutrición, lo que dificulta aún más el acceso a la detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil.
La iniciativa complementa la propuesta de ley presentada el pasado 18 de febrero y busca garantizar la atención integral, preventiva, gratuita y oportuna del cáncer infantil, reconociendo el interés superior de la niñez, al establecerlo como derecho constitucional.
Así, se retoma la iniciativa presentada en la pasada legislatura por la anterior diputada de Movimiento Ciudadano, Rosa Elena Trujillo, la cual no fue dictaminada y, por lo tanto, caducó. El llamado fue a todas las fuerzas políticas del Congreso a unirse en este esfuerzo, dejando de lado las diferencias partidistas y priorizando el bienestar de la infancia sonorense.
“Fijar las condiciones para garantizar un derecho constitucional no cuesta, ni tiene impacto presupuestario alguno”, señaló Gabriela Félix. “Este podría ser el primer paso para avanzar en este tema. No podemos permitir que esta iniciativa vuelva a caducar por falta de voluntad política”.
“Dicen que una sociedad se mide por el trato que le damos a quienes dependen de nosotros; a los más vulnerables: a nuestras infancias. Busquemos, entonces, legislar en favor de quienes más nos necesitan”.
La atención del cáncer infantil es una prioridad, el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que padecen esta enfermedad, afirmó.
