Ciudad de México.- El Gobierno de Sonora fue reconocido en la presentación de la sexta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), por el World Justice Project (WJP), por avanzar a la posición 11 de las 32 entidades federativas, en el rubro de gobierno abierto y con avances significativos en el rubro cumplimiento regulatorio en comparación con ediciones anteriores.
La entidad destacó esencialmente en la mejora a la efectiva aplicación normativa y de regulaciones, al pasar de la última posición nacional en la que se encontraba en 2018, a ubicarse en el número 15 para el año 2024, una mejora significativa y sistemática.
Guillermo Noriega Esparza, titular de la Contraloría General del estado, aseguró que los avances en Sonora han sido resultado del compromiso del gobernador Alfonso Durazo, quien instruyó desde el inicio de la administración centrar las acciones de la Contraloría en la prevención y la eficaz aplicación de controles.
“Trabajamos dotando de mayores capacidades institucionales a la Contraloría Sonora; suspender licitaciones, obras públicas, el establecimiento de un Régimen Especial de Control de Riesgos de Corrupción, Examen de Control de Integridad, portales de datos abiertos y focalizados, videograbación a inspecciones y verificaciones, entre otras acciones que nos llevan a seguir avanzando” apuntó.
En las instalaciones del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, Alejandro González, Jefe Global de Incidencia del WJP, reconoció la capacidad del estado de Sonora de hacer cumplir el conjunto de regulaciones administrativas de manera eficiente, eficaz y honesta, así como la ausencia de corrupción en trámites y el uso de las nuevas tecnologías.
El IEDMX mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas del país, logrando identificar fortalezas y áreas de oportunidad que permiten generar políticas públicas que contribuyan al fortalecimiento de esta área.
Por su parte, World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial) es una organización independiente, internacional y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo, refiriéndose a un sistema de gobernanza en el que se cumplen los cuatro principios universales de rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas.