Asunto pendiente

Al cierre de este sexenio, el tema del transporte urbano, concretamente el de Hermosillo, parece estar más enredado que nunca.
En algún momento, alguien consideró que era necesario requisar concesiones para entregarlas a otra empresa que fuera capaz de prestar un mejor servicio que las que operaban hasta ese momento, sobresaliendo Sictuhsa, que legalmente aún existe.
El enredo legal ha llegado a niveles que se han salido de control, luego de que ante el decreto de requisa, los concesionarios afectados, que son cientos, iniciaron un pleito legal con el gobierno del estado para recuperar sus concesiones y/o se les indemnice por la medida que afectó el patrimonio que mantuvieron (en algunos casos) por generaciones enteras.
De forma equivocada y en ciertos momentos hasta perversa, se ha mencionado a los concesionarios como los verdaderos villanos de esta telenovela, caciques que mantuvieron en un puño la operatividad del servicio sin importar la afectación que se causara en miles de familias usuarias de la capital del estado.
No hubo pues, un punto medio en el que se tuviera conciencia de que si bien había concesionarios líderes ya convertidos en empresarios diversificados (que tampoco tiene nada de malo), pero también otros que dependían enteramente de la llamada rentabilidad mensual que les generaba la empresa.
Entonces esto se empezó a convertir en una bola de nieve que se ha tratado de contener.
¿Fue la decisión correcta decretar la requisa del transporte urbano en Hermosillo?
Queda la duda.
Sobre todo por los muchos millones de pesos que esto puede significar al erario en términos de indemnizaciones si se llegan a perder esos juicios, lo cual no es nada descabellado porque los concesionarios anteriores también tienen derechos que la ley les concede y que tratan de hacer valer a estas alturas.
No por nada el gobernador electo, Alfonso Durazo conformó un equipo especial para revisar a fondo la situación del servicio, en donde se incluyen desde luego las demandas interpuestas por los afectados, la situación de los concesionarios actuales, así como los créditos obtenidos para la compra de unidades nuevas y una serie de aspectos más que le significarían un fuerte golpe a las finanzas estatales.
Un golpe mucho más fuerte que el que podía pensarse con la entrega de subsidios acordados con los anteriores operadores.
Por ejemplo mire, se requisaron las concesiones, pero con todo y unidades y esas aún las debe la empresa anterior ante las arrendadoras.
¿Esas quién o cómo las van a pagar?
Porque uno de los argumentos es que lo que se debió retirar eran las concesiones, pero no las unidades ni mucho menos las instalaciones de los centros de pernocta en donde había millones de pesos en oficinas, refacciones, herramienta…
Si no hubiera algo de razón en los anteriores concesionarios, no les estuvieran dando el dinero que les han dado durante meses y tampoco ellos tuvieran cara con qué salir a las calles a manifestarse como lo han hecho en varias ocasiones.
Se tendrá que aceptar que en este conflicto no hay héroes ni villanos, sino personas con intereses legítimos, legales, unos reclamando lo que por ley es su derecho y otros aceptando el compromiso de que el servicio debe estar a la altura de las necesidades de la capital del estado.
No es un asunto que no tenga solución, pero bastante política se va a necesitar para darle una salida, porque el marco legal no será suficiente.
Y voluntad de todas las partes.
Si Alfonso Durazo logra darle un orden, viabilidad y estabilidad al servicio del transporte urbano en Hermosillo, se estará dando un paso fundamental para que nuestra capital deje de estar a expensas de intereses políticos y económicos en este tema y se convierta pero en serio y no de mera pantalla, en una ciudad moderna que abona mediante el transporte urbano a la calidad de vida de sus habitantes y la hace más atractiva para futuras inversiones y generación de empleos.