Otro de los sectores que ha recibido un fuerte impacto derivado de las malas políticas del actual gobierno federal es, sin duda, la minería.
Y vayámonos apartando de dogmas políticos o ideológicos. No. Abordemos aspectos reales; hechos tangibles que se han presentado en los últimos años (a propósito del quinto Informe de gobierno del presidente López Obrador):
– El 8 de mayo de este año, se anunciaron una serie de modificaciones regulatorias en el Diario Oficial de la Federación, afectando leyes como la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y para la Protección al Ambiente, entre otras.
– Otro revés significativo para el sector llegó en agosto del año pasado, cuando el gobierno de López Obrador decidió delegar las actividades en torno al litio a la empresa estatal Litio para México, y también en abril de este año, cuando decidió nacionalizarlo. Lo único que han provocado ambas medidas es la paralización de la industria: aparentemente en el país ni hay litio y tampoco empresa para administrarlo.
– En 2018, había un total de 439 proyectos mineros pospuestos, lo que representaba el 36.9% del conjunto registrado en el portafolio de la Secretaría de Economía. Actualmente, la cifra de proyectos aplazados se ha incrementado casi al doble, alcanzando los 837, lo que representa el 69% del total (Expansión; 04 de septiembre de 2023). La señal que se manda a la inversión con la negativa de Semarnat de otorgar permisos de impacto ambiental es tremenda.
– Según la Cámara Minera de México (Camimex), la minería ha retrocedido del quinto al sexto lugar en cuanto a la generación de divisas en México, y es que se ha registrado una disminución en el valor de la producción minero-metalúrgica en 2022, que alcanzó la suma de 316,956 millones de pesos, lo que representa una disminución anual del 5.3%.
A lo anterior, habría que agregar el creciente entorno de inseguridad que priva en el país y del cual las comunidades donde se asienta la minería no son la excepción. La política de “abrazos no balazos” tampoco ha dejado en paz a la industria extractiva.
Camimex estima que las mineras pierden por la inseguridad uno de cada 10 pesos ganados en producción, puesto que un 10% de los ingresos generados por los complejos mineros se destinan a vigilancia y custodia.
Estos son apenas unos cuantos datos del complejo panorama en que está dejando al sector el gobierno de López Obrador. Sobra decir que quien sea su sucesor o sucesora, tendrá -también en este aspecto- retos por demás interesantes.
Y para el caso de Sonora, el asunto es doblemente preocupante toda vez que al ser “el corazón minero del país”, sus aportaciones al PIB estatal y a la generación de empleos directos e indirectos es, como bien sabemos, significativa.
Y del sindicalismo alentado por y desde la 4T para dañar al sector, mejor ni hablamos.
Continuaremos con el tema en próximas entregas.
La Tijera es un texto confeccionado con recortes que aporta el staff de colaboradores de sergiovalle.mx
Cuidado con aquel que ande descosido.